Legisladores y representantes de las entidades económicas del Chaco esperan con expectativa el ingreso del proyecto de reforma tributaria que fue presentado por el gobernador chaqueño Jorge Capitanich la semana pasada. Entre los puntos más sobresalientes, la norma eleva la alícuota de Ingresos Brutos y modifica el impuesto inmobiliario rural.

Según el portal NEA Rural, la iniciativa es importante para calcular los ingresos del próximo ejercicio, donde se espera que la recaudación nacional suba a un ritmo similar al actual. Por eso, los diputados quieren cuanto antes su ingreso para así poder adelantar el debate. De movida las cámaras de comercio de toda la provincia, la Federación Económica y entidades ruralistas manifestaron su rechazo a todo proyecto que implique una mayor presión fiscal a la actividad privada.

Basándose en la necesidad de que la región cuente con ventajas para poder competir con otras zonas del país, los empresarios expusieron claramente que esta iniciativa podría provocar una nueva crisis en el sector. También, dirigentes de las actividades que deben tributar Sellos, determinaron que las últimas actualizaciones generaron una merma notable de los ingresos, lo que incrementó el número de contratos no denunciados. Uno de los rubros afectados es el sector inmobiliario que sintió fuertemente la presión sobre todo a la hora de alquilar. Ellos temen que una nueva suba los perjudique notablemente y fomente operaciones sin declarar.

Pese a las criticas, los legisladores aún no conocen el proyecto y saben lo que el gobernador adelantó durante una conferencia de prensa: “Se ampliará la base tributaria, se evitará el ahuecamiento de base imponible y se optimizará los mecanismos de percepción de ingreso”. Además, se espera que la iniciativa elimine exenciones dentro del Código Tributario, y establezca una alícuota del 3,5 de Ingresos Brutos. También el gobernador explicó en su momento que “el proyecto incluye la reglamentación de los mecanismos de imposición respecto a la renta potencial de la tierra, una diferenciación cualitativa respecto del valor de percepción de ingreso del impuestos inmobiliario rural”.

Cabe recordar que en octubre fue la Cámara de Diputados de Corrientes la que aprobó un aumento del 20 por ciento del impuesto inmobiliario rural a exención de aquellos productores que tengan campos de hasta 50 hectáreas.

En cuanto a Córdoba, el gobernador De la Sota acordó con las entidades del sector agropecuario un incremento del impuestazo para el 2013 de alrededor del 50% para los propietarios de tierras que pagaban más de 830.000 pesos.

Y finalmente, en septiembre Santa Fe aprobó la suba de impuestos y se estima que el gobernador Antonio Bonfatti obtendrá $1.000 millones adicionales de recaudación. En este caso se reevaluaron al 120% los inmuebles y se pautó una nueva escala de cuotas fijas y alícuotas.