Con la excusa de la alta conflictividad gremial existente en el mayor ingenio azucarero de Salta, el San Martín de Tabacal, dos diputadas nacionales presentaron un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo expropie todas las instalaciones de esa agroindustria y las ceda a una cooperativa formada por sus trabajadores. El Tabacal, fundado en 1918 por Robustiano Patrón Costas, fue adquirido en 1996 por la estadounidense Seaboard.
El expediente 6200-D-2012 contiene el proyecto de ley que fue presentado en setiembre por la diputada bonaerense Ramona Pucheta (del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados), de Raúl Castells, y su par correntina Araceli Ferreyra, del Frente para la Victoria. Como ambas viven a cientos de kilómetros de Orán, donde tiene sede la empresa, y admitieron no conocer el establecimiento, se teme que detrás del proyecto haya alguna mano del gobierno. En rigor, durante el conflicto sindical en Tabacal hubo un copioso apoyo de los medios cercanos al kirchnerismo a los dirigentes gremiales.
Los condimentos para una ofensiva oficial sobre esa empresa están a la vista: el fabricante del azúcar de marca “Chango” fue fundado por una de las familias patricias salteñas; es administrado por capitales estadounidenses; y, además, se ha visto envuelto en un caso de represión a trabajadores. Sucedió el 26 de agosto, cuando la Policía reprimió a sindicalistas que cortaban la ruta 50, porque no lograban llegar a un acuerdo salarial.
Según las diputadas que piden que se declare al Tabacal como “de utilidad pública y sujeto a expropiación”, existen un plan sistemático de la empresa para despedir a parte de los más de 2.000 trabajadores afiliados a los gremios para reemplazarlos por otros “tercerizados”. Fuentes de la empresa, en cambio, hablan de una alta politización de la protesta sindical.
