Nunca antes el kirchnerismo había logrado definir con tanta claridad las presiones que siempre se ejercieron en la justicia para lograr los fallos que anhelaba la Casa Rosada.
Es cierto que otros gobiernos lo han hecho desde el retorno de la democracia, comenzando por el menemismo, pero también es cierto que quizás nadie lo hizo de una forma tan descarada.
Hoy la explicación tiene una solo argumento: el plan de Cristina Kirchner para dañar con todo lo que pueda al Grupo Clarín y obligarlo a desinvertir el 7 de Diciembre (7D), con un artículo de la ley de Medios (161) que fue denunciado ante la justicia por su inconstitucionalidad.
Pero el gobierno parece no tener tiempo para acompañar los tiempos de la justicia y busca, casi desesperadamente un juez que se identifique con su batalla.
En ese marco intenta colocar, a través del Consejo de la Magistratura, un juez afín en el juzgado Civil y Comercial 1 que está vacante y que debe expedirse sobre el cuestionado artículo.
Sólo la unión del radicalismo y representantes de jueces y abogados puso un freno al avance K.
Y por eso fueron recusando a los jueces subrogantes que se nombraron (Raúl Tettamantti y Raúl Torti), hasta que apareció Horacio Alfonso, cuya designación había sido solicitada por el gobierno, según admitieron fuentes del Consejo de la Magistratura.
Mientras tanto, la Casa Rosada sigue trabajando para imponer en el Senado una lista de 16 conjueces donde aparecen candidatos ultrakirchneristas, alguno de ellos con fuertes cuestionamientos y denuncias.
De esta forma el gobierno quiere estar cubierto por si Alfonso o algún camarista son recusados.
En forma paralela, el Per Saltum que quiere el oficialismo, para obligar a la Corte Suprema a expedirse en contra de Clarín, sigue su trámite express en el Congreso y ya tuvo su dictamen de mayoría para que lo trate el Senado la próxima semana.
El futuro de Clarín y no otra cosa es lo que obsesiona a la Presidenta mientras el gobierno intenta poner debajo de la superficie algo que flota por su propia fuerza.
Tal es el caso del escándalo de la Fragata Libertad, el buque escuela de la Armada Argentina que va para tres semanas de estar anclado en Tema, el puerto africano de Ghana por la impericia del ministerio de Defensa, la Armada y la Cancillería, que no supieron evitar la llegada a un expuesto al embargo de fondos buitres.
Por una cuestión de buena convivencia, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, le dijo al canciller Héctor Timerman que ponía su oficina a trabajar en una gestión de buenos oficios.
Pero en cambio, ni el Consejo de Seguridad ni otro organismo de Naciones Unidas trabajarán en el caso porque no corresponde porque no está en riesgo la paz mundial.
Tampoco la Argentina cuenta con la solidaridad de los Estados Unidos o sus aliados en Europa. Hay facturas que todavía están para que las pague el gobierno de Cristina Kirchner.
Quizás por eso Timerman ahora piensa en la solidaridad del G-20.
Tampoco los funcionarios K pueden entender que el gobierno de Ghana no presione a la justicia para que libere a la Fragata. la Argentina hubiese sido muy diferente, sostiene sin sonrojarse un hombre que comulga con el kirchnerismo desde un principio.
Aunque también admite que con Néstor Kirchner algunas cosas que hoy ocurren no tendrían lugar en el gobierno, comenzando por las peleas internas como las que hay en torno al caso Ghana y que tienen como principales protagonistas al ministro Arturo Puricelli (Defensa) y al canciller Héctor Timerman.
Un párrafo aparte merece la tragedia de Once del 22 de febrero (22F).
Desde un principio el gobierno intentó ponerse a salvo de las responsabilidades por las 51 muertes y los 700 heridos y trató de descargar las responsabilidades en la empresa concesionaria (TBA), de los hermanos Cirigliano (de muy buena relación con los gobiernos de Néstor y Cristina), y en el maquinista Marcos Córdoba.
Si hasta intento poner en un segundo plano a sus ex funcionarios, cuando el juez Claudio Bonadío anuncio el procesamiento no solo de los Cirigliano sino de los ex secretarios de Transportes Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Después de todo Jaime fue un funcionario de trato directo con Kirchner y Schiavi un hombre del riñón del ministro de Planificación, Julio de Vido.
El kirchnerismo suele hablar de las deficiencias del sistema ferroviario de transporte como si hubiese llegado ayer al gobierno y descarga todas las culpas sobre el menemismo, que sin duda las tuvo y muchas.
Pero Carlos Menem dejo gobernar en 1999, es decir, hace 13 años y el kirchnerismo gobierna desde hace 9 años.
Quizás por eso un familiar de las víctimas del Sarmiento le dijo en voz alta al gobierno que debe darse cuenta de que así como los escuchamos todos los días hablando del 7D, nos gustaría alguna vez escucharlos sobre el 22F.
