CIUDAD DE CÓRDOBA - El reciente lanzamiento en Córdoba de la Campaña Nacional
contra la Violencia Institucional, encabezado por dos diputados nacionales
kirchneristas y la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Carolina
Scotto, ha causado verdadero estupor e incertidumbre.
La defensa de ciertos postulados, cargados de vacía retórica; el deliberado
interés en mezclar y confundir los problemas de seguridad cotidiana y flagelos
como el terrorismo de Estado; la continua invocación a utópicos entramados que
–cual arca de Noé– nos llevarán lejos de las dificultades reales, sufridas todos
los días por hombres y mujeres de carne y hueso, y, lo peor, el disfraz, bajo un
formato presuntamente académico y comprometido, de una directa voluntad de
condenar a un gobierno y a un gobernante, no pueden generar en los ciudadanos y
la dirigencia cordobesa otra percepción que no sea la de una honda preocupación.
Es innegable, además, que las afirmaciones realizadas por Scotto –a todas
luces ya puesta en visible ariete del kirchnerismo– están dirigidas a cuestionar
lo hecho por el Estado cordobés en los últimos años.
Lejos de su investidura académica, y lamentablemente demasiado cerca de la
barricada y de las tentaciones demagógicas, la rectora ha calificado como
“profundamente antidemocrático” el régimen contravencional vigente en Córdoba, y
llamó a las organizaciones de la sociedad civil a tomar por las suyas los
asuntos de la seguridad pública, para no dejar el tema “... en los mismos de
siempre..., una Policía que confunde disuasión con represión” (cita textual de
su discurso).
Una herramienta útil
Como hombre público, con responsabilidades en los asuntos de Estado, habiendo
desempeñado, entre otras funciones, la de ministro de Seguridad de esta
provincia, me veo obligado a expresar que el Código de Faltas cordobés es una
herramienta útil para la Policía, como fuerza encargada en lo constitucional y
legal de la seguridad de los cordobeses, para prevenir y disuadir el delito.
Da respuesta a cientos de miles de denuncias personales o telefónicas de
ciudadanos que día a día se ven amedrentados por situaciones de desorden
público, o conductas que ponen en riesgo cierto su seguridad.
Ello no significa que se trate de un instrumento perfecto. Por el contrario,
frente a cuestionamientos que se han hecho a su articulado, la Legislatura de
Córdoba ha creado una comisión especial para analizar, revisar y proponer al
cuerpo las mejoras que fueren necesarias.
El trabajo de esta comisión ha permitido sumar el trabajo de especialistas en
la materia y está previsto continuar recibiendo el aporte de académicos,
expertos y funcionarios judiciales para impulsar los cambios que correspondan.
Se trata de un trabajo serio, destinado a armonizar las legítimas garantías de
quienes puedan ser alcanzados por el Código con el derecho de los ciudadanos a
solicitar su aplicación y el rol de quienes, en ejercicio de la función policial
o contravencional, deben aplicarlo.
Incomprensible
Por otra parte, resulta sorprendente y decepcionante que el auditorio,
convocado para imaginar alternativas contra la violencia –lo que supone buscar
remedios contra la intolerancia–, haya dedicado su tiempo a insultar al
gobernador, proponiendo para él “un paredón”, como dan cuenta los medios
periodísticos que hicieron la cobertura de la reunión.
Resulta insólito y vergonzoso que diputados nacionales y la propia rectora de
la UNC hayan tolerado y prohijado, en pleno siglo 21, semejante desatino y
contradicción, en el marco de una iniciativa supuestamente a favor de la paz y
en contra de la violencia.
Defender la democracia y desterrar la violencia implica honrar la vigencia
del Estado de derecho, de la división de poderes y del pleno respeto a las
instituciones creadas en el marco de la Constitución y la ley.
Tampoco son comprensibles las propuestas de los disertantes, sobre todo las
de Scotto, de la cual –por su alta investidura y su pretensión de erigirse en
referente política– los ciudadanos naturalmente tendemos a esperar elevado
nivel, profesionalismo y apego a las maneras de un estadista.
Lamentablemente, deberemos seguir esperando, pues su confusa idea de una
seguridad popular –tan parecida a las milicias civiles armadas que en distinto
tiempo fueron condimento macabro de muchas autocracias– parece más un discurso
improvisado y poco profundo que un planteo serio de alguien que aspira a ser una
alternativa para ocuparse de los asuntos de Estado.
Por último, y como conclusión, esta iniciativa –loable si no fuera la excusa para que un puñado de dirigentes políticos cercanos al fanatismo, movidos por intereses parciales, se arrogue de manera soberbia e inconsulta la representación popular, sin propuestas concretas, y profundamente ofensivas– resultó ser una parada más en el camino directo hacia el totalitarismo.
