Las principales encuestas indican que Cristina Fernández de Kirchner ha visto caer su imagen positiva en alrededor de 23 puntos desde que asumió su segundo mandato hasta ubicarse algo por debajo del 40% en la actualidad, en tanto que su percepción negativa en la opinión pública casi se multiplicó por tres en igual período al situarse hoy en torno del 35%.

Una hipótesis que no descartan analistas es que el abusivo uso de la cadena nacional no haga más que desgastar a la jefa del Estado. Es ya un clásico entre los funcionarios del Gobierno que se sientan a escuchar un discurso de Cristina Kirchner que se pregunten: "¿A quién saldrá a pegarle hoy la Presidenta?". Gobernar es hacer docencia. Pero la titular del Poder Ejecutivo, desde su atril, sólo parece estar enseñándoles a sus seguidores a agredir, con fundamentos o sin ellos.

La lógica amigo-adversario propia de cualquier sistema democrático ni siquiera ha sido reemplazada en estos tiempos por la dialéctica amigo-enemigo. Si nos guiamos por los discursos presidenciales, hoy se es enemigo del Gobierno o se es súbdito.

El periodismo que no está dispuesto a convertirse en adulador ha entrado en la categoría de enemigo. El último mensaje presidencial parece dar cuenta de que todo aquel periodista que brinde informaciones que no agraden al Poder Ejecutivo podrá ser tildado de corrupto por la cadena nacional.

La Presidenta habló de la ética de los hombres de prensa. No parece la más indicada para promover ese debate. En primer lugar, debería transparentar los criterios de distribución del abultado presupuesto de publicidad oficial, que favorece invariablemente a los medios afines al Gobierno; en segundo término, debería explicar recurrentes violaciones de la ley de ética en la función pública, como el uso de bienes del Estado con fines particulares; la obtención de ventajas indebidas, como la compra de terrenos en Santa Cruz a precio vil; la colocación de sus dólares a plazos fijos con altísimas tasas de interés desconocidas en el mundo, y negocios incompatibles, como el alquiler de un hotel de su familia en El Calafate a un grupo empresario con importantes contratos con el Estado.

En el cristinismo se señala que no hará falta mucho para conservar viva la esperanza de una reforma constitucional que posibilite la segunda reelección consecutiva de su jefa. El primer dato con el que se ilusionan es el económico. En 2013 habrá menos vencimientos de deuda pública, pues, entre otras cosas, no habría que abonar el cupón atado al crecimiento económico. El Estado nacional se ahorraría ese año unos 3600 millones de dólares gracias a la desaceleración económica de 2012. Al mismo tiempo, esperan una recuperación de Brasil y una cosecha local mucho mejor que la de este año, además de precios internacionales más favorables.

El segundo dato que cimenta la ilusión K es político. El año próximo, el Frente para la Victoria apenas renovará 39 bancas de diputados de las 116 con que cuenta, sin contar a sus aliados. Obteniendo alrededor del 40% de los votos -diez puntos más que en 2009-, el incremento del número de diputados oficialistas sería de 13 a 16. Así, con unos 132 legisladores propios, le faltarían menos de 40 para alcanzar los dos tercios de la Cámara baja, algo que confían en alcanzar con sus aliados y convenciendo al socialismo, que incluyó la reforma constitucional en la plataforma de Hermes Binner. En el Senado, resultará más dificultosa la tarea, porque apenas renovará bancas un tercio de los distritos, entre los que figura la Capital Federal, donde hoy sería raro que el cristinismo logre un escaño.

El gran peligro para Cristina Kirchner es que esta vez no cuente con el aval de algunos gobernadores para armar ella misma las listas legislativas. En particular, de Daniel Scioli y de José Manuel de la Sota, quien, tal vez para diferenciarse del mandatario bonaerense y aventajarlo en la carrera presidencial, lanzó un grave desafío al gobierno nacional, al convocar a una virtual rebelión fiscal desde las provincias.

El objetivo de máxima del oficialismo para después de las elecciones legislativas de 2013 es lograr la reelección presidencial vía reforma de la Constitución. El de mínima, mostrar hasta el último instante del actual mandato que Cristina Kirchner tiene capacidad para imponer la agenda y aspirar a continuar en el poder, de modo de no transformarse, en especial frente al peronismo, en una suerte de "pato rengo" o lame duck , como denominan en los Estados Unidos a aquellos presidentes sin chance de ser reelegidos. En esta última alternativa, por supuesto, el cristinismo descuenta que la Presidenta podrá pilotear su sucesión y elegir a su delfín.

En el medio, hay otra opción, que pasaría por una reforma constitucional que no incluya la reelección indefinida, pero sí la instrumentación de un sistema parlamentarista, que permita ungir en el futuro a Cristina Kirchner como primera ministra. No es ésta la idea más sexy para el cristinismo, pero sería un plan B con el fin de seducir al radicalismo, en el que no pocos dirigentes se quedaron en 1994 con la frustración de no poder avanzar hacia el parlamentarismo. Hoy, en el radicalismo se niega cualquier posibilidad de acuerdo.

Carlos Nino, recordado jurista que coordinó el Consejo para la Consolidación de la Democracia tras la reapertura democrática de 1983, sostuvo alguna vez que Raúl Alfonsín hubiera podido concluir su mandato sin una crisis de proporciones de haber tenido la alternativa de proponer a Antonio Cafiero como primer ministro, dando lugar a una cohabitación en el poder. Más de una década después, algunos especialistas conjeturaron que Fernando de la Rúa no habría tenido que dejar la Casa Rosada con un sistema semipresidencialista que hubiese posibilitado la designación de Eduardo Duhalde como primer ministro.

En rigor, como recuerda el constitucionalista Alberto Dalla Via, la reforma constitucional de 1994, si bien no abandona el presidencialismo, le permite al presidente delegar al jefe de Gabinete amplias facultades. Sólo que, en general, en la práctica, las funciones de éste han quedado reducidas casi a las de un simple ministro que, en la era kirchnerista, ni siquiera puede convocar a reuniones de gabinete ni asiste al Congreso una vez por mes, como lo determina la propia Constitución.

La viveza criolla y los atajos normativos podrían estar a la orden del día de cara a cualquier negociación. "Me atemoriza que se abra la caja de Pandora de la reforma constitucional, pero no sólo por la posibilidad de la reelección indefinida, sino también por el peligro de que se destruya el federalismo", afirma el constitucionalista Daniel Sabsay.

La intención de la Presidenta de que se trate una ley de ética para el periodismo puede ser un indicador de los peligros que podrían correr muchos derechos y garantías en una eventual reforma constitucional conducida por el kirchnerismo. Especialmente, cuando se escucha a algunos dirigentes que ponen como ejemplo las nuevas constituciones de Venezuela o de Ecuador. Ambos países avanzaron hacia una hegemonía presidencial casi absoluta. El chavismo instituyó los delitos mediáticos, al extremo de que los medios periodísticos tienen prohibido informar la cotización del dólar paralelo bajo amenaza de recibir severas multas.

En el actual contexto, donde el cristinismo ha profundizado los rasgos verticalistas y personalistas del kirchnerismo, así como la señal de que se gobierna contra las "corporaciones", no sería de extrañar que una reforma constitucional, más allá de postular una reelección eterna como la que Néstor Kirchner impulsó en Santa Cruz, potencie el papel intervencionista y dirigista del Estado, disponga que el dominio de los recursos naturales sea de la Nación y no de las provincias, y hasta avance contra la libertad de prensa.