Por eso, advirtió que es más sencillo invocar la adhesión a la ley nacional de emergencia, sancionada por el Congreso nacional en 2002. Esa norma le permite darle un argumento al ajuste. Sin embargo, ni la Presidenta ni su vicegobernador ni la Corte bonaerense le allanarán el camino.

La ley 25.561, dictada hace diez años para paliar la crisis económica y financiera que estalló durante el gobierno de la Alianza, abrió la puerta para que, durante todos estos años, los ex presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, primero, y luego la actual mandataria, Cristina Kirchner, pudieran alterar cláusulas de los contratos y manejar con mucha mayor discrecionalidad la relación con las empresas de servicios públicos. Nadie se privó de imponerle a la sociedad el costo del ajuste, por más que el relato sea escrito en términos heroicos o trágicos.

Pero los ciudadanos, ahorristas o empresarios que, en otra época, cuestionaron judicialmente esas atribuciones excepcionales, se embarcaron en larguísimos procesos judiciales, algunos de los cuales aún no finalizaron. En otras palabras, la emergencia en la Argentina siempre fue un argumento para ajustar y trajo dolores de cabeza.

A tal punto fue políticamente útil esa norma que el Gobierno -que sostiene que el país viene creciendo desde 2003 a tasas chinas- invariablemente exigió al Congreso que prorrogara aquella ley. Por eso continúa vigente.

Ahora es el turno de Scioli. El gobernador está encerrado entre la aplicación de la coparticipación, un mecanismo perverso que desde los años treinta le permite al Estado central absorber una parte creciente de los tributos, la caída de recaudación y una pelea política que le plantea la Presidenta.

Quizás el error de Scioli haya sido haber obrado bajo la asfixia que le provocó la falta de caja y haber anunciado el pago fraccionado de los aguinaldos. Tal vez no tenía mucho margen para recortar por otro lado. Pero ni Gabriel Mariotto, jefe del Senado, ni la Corte bonaerense, cabeza de la Justicia y que a su vez sufre un fuerte cuestionamiento del gremio judicial, estaban dispuestos a compartir el costo político de medidas impopulares.

En otras palabras, le hicieron saber a Scioli que la emergencia no alcanza para recortar sueldos y jubilaciones. Pero hay que recordar que la Corte bonaerense, en muchas oportunidades, convalidó otras normas de emergencia.

Scioli, prudente, cree que la Presidenta terminará por ayudarlo. Pero la plata continúa sin aparecer. Scioli es uno sólo de los actores de una crisis que tiene muchos autores.