La manera de construir legitimidad del presidente Néstor Kirchner fue original e inicialmente exitosa: recogió demandas materiales y simbólicas de la sociedad y ofreció satisfacciones o reparaciones a quienes pasaron a brindarle apoyos políticos. En esa aceptación de reclamos, el gobierno encontró discursos trascendentes como el de los derechos humanos y pedidos mucho menos importantes. Se creó así lo que he denominado una especie de "suspensión coloidal", metáfora química que remite a los elementos sólidos que flotan en un medio fluido sin contacto entre sí.
Al yuxtaponer sectores escasamente compatibles -peronistas antineoliberales; recientes menemistas; dirigentes de todos los partidos en crisis; sectores del empresariado industrial beneficiados por la reactivación; productores rurales que multiplicaron sus ingresos con la devaluación; organizaciones piqueteras que hallaron satisfacciones materiales y reconocimientos simbólicos; grupos e individuos de pensamiento progresista- se creó un heterogéneo conjunto que mal podía constituirse en un nuevo partido o unificarse en una ideología.
El personalismo presidencial se hizo cargo de mantener una unidad que, al no tener una organización con reglas claras, tendió a ser un espacio de competencias y luchas veladas o abiertas o, si se prefiere, un no lugar en el que predominaba el estado de anomia. Como sutura provisoria, el gobierno trató de contrarrestar las tensiones anunciando grandes futuros y probables batallas contra poderosos enemigos.
Los principales dirigentes sindicales peronistas tenían motivos para dudar sobre la conveniencia de sumar su adhesión al kirchnerismo. Habituados a negociar, tardaron más en establecer las contraprestaciones requeridas para apoyar el poder presidencial, aunque no todos lo hicieron. No faltaban quienes dudaban de la condición de peronistas de los promotores santacruceños del kirchnerismo. Pragmáticos, sabían que en Santa Cruz no se había sido propenso a ceder a los reclamos sindicales y que las ideas de la CTA contra el monopolio de la representación ejercido por la CGT tenían buena recepción en el estrecho círculo de allegados a Kirchner. Hugo Moyano no estaba entre los dirigentes sindicales más reconocidos e intuyó, seguramente, que el kirchnerismo podía ser el atajo para hacer crecer su poder; además, en virtud de un saber práctico, no era difícil que pensase que los elencos de gobierno eran temporarios y lo permanente era el sindicalismo.
La actual confrontación sindicatos-Gobierno es algo indisociable analíticamente de la situación del crecimiento económico iniciada en 2002. En aquel momento, con el colapso generalizado, la mayor aspiración del sindicalismo fue preservar y recuperar niveles de ocupación y, lentamente, mejorar los salariales. La consolidación del mundo del trabajo y las "tasas chinas" le dieron al jefe de la CGT mayores aspiraciones políticas, que supo aunar con reclamos económicos. La memoria peronista guarda dos porcentajes emblemáticos: el 33% de legisladores sindicales y el 50% de participación de los asalariados en la distribución de los ingresos.
Una característica de las épocas de anomia es que toda satisfacción es vivida como insuficiente, ya que con el debilitamiento de las normas se desatan los deseos y las aspiraciones y lo logrado siempre resulta poco. Desde esa perspectiva, la sociología explica las demandas siempre crecientes como consecuencia de la falta de marcos institucionales capaces de fijar en las conciencias individuales y grupales límites a los deseos de cualquier índole: de poder, de riqueza o de gloria. Esa perspectiva conceptual resulta adecuada para pensar las aspiraciones políticas de los altos dirigentes del desorganizado espacio político kirchnerista en el que la falta de regulaciones institucionales multiplica las aspiraciones de poderes indefinidos.
La Presidenta, en su discurso de segunda asunción, formuló la pregunta sobre la inexistencia del derecho de huelga en la Constitución de 1949, modo para nada velado de dudar sobre el carácter peronista de ese derecho. Al respecto, las opiniones se dividen: al derecho de huelga no cabía darle rango constitucional dado que la reforma aseguraba la justicia social o bien era un derecho natural, según la concepción aristotélico-tomista de su artífice intelectual, Arturo Sampay, y, en consecuencia, no había razón de legislarlo. El peronismo, en su primera década, se vio en dificultades para compatibilizar los equilibrios de la economía con las aspiraciones de distribución de ingresos y, con la crisis de inicios de los años 50, los salarios reales retrocedieron. El gobierno estableció que los sindicatos debían pedir autorización a la CGT para hacer huelgas: por entonces, la central obrera era una rama del partido peronista sobre la que pesaba el control estatal.
El peronismo siempre se pensó a sí mismo como una mayoría natural del juego político nacional, por eso no hizo culto de los porcentajes electorales que obtenía, aun ganando elecciones por abultado margen: fueron las plazas y las movilizaciones masivas -el pueblo en presencia como sujeto de la historia- el lugar por excelencia de legitimación del poder. Los sindicatos, y no el partido peronista, operaron en los tiempos fundadores como organizadores de las grandes concentraciones. Con las proscripciones de los políticos peronistas, los sindicatos hicieron de la huelga no sólo el medio de reivindicación económica, sino, además, el modo de demostrar que eran ellos y no los dirigentes justicialistas los que realmente existían. Sus dirigentes comenzaron a plantearse si en lugar de ser la "columna vertebral" de un "movimiento" que se descomponía, no debían crear un partido basado en los sindicatos.
En 1973, el sindicalismo mostró sus disidencias con el proyecto de pacto social de Perón al aducir que la inflación les deterioraba sus ingresos; la gran movilización obrera que entró en la historia a Celestino Rodrigo, en módica versión de onomatopeya, bloqueó la alternativa del ajuste con la que los políticos peronistas habían pensado asegurar la continuidad de Isabel Perón. Con la vuelta a la democracia, el peronismo político pasó a ser un conjunto escasamente articulado de partidos provinciales y municipales, mientras que la crisis económica primero y luego el neoliberalismo provocaron el retroceso. En la agonía de la Alianza, la distancia de los legisladores del peronismo territorial con los sindicatos encontró su símbolo: "la Banelco" denunciada por Moyano.
Las dirigencias partidarias tienden a crear grupos e identidades hablando de la historia de antiguas glorias, y por esa vía, sin quererlo, prestan poca atención al presente y a lo nuevo. Los promotores iniciales del kirchnerismo captaron las eventuales consecuencias del derrumbe de 2001 con un punto de vista que, en realidad, era el mismo con el que desde hacía mucho tiempo criticaban la debilidad de lo existente. Una vez en el gobierno, ese mismo punto de vista los llevó a ignorar que la reconstrucción económica modificaba y fortificaba a sus aliados y a sus adversarios. Primero le sucedió con su visión del conflicto con el agro, ahora la situación se repite con la CGT. En lo que bien puede llamarse el caso Moyano, el kirchnerismo volvió a ignorar las consecuencias de su éxito político y los efectos del crecimiento económico. Hasta hace poco, pareció creer que el jefe de la CGT era el sindicalista de segundo plano de 2003 y que debía estar agradecido por la notable expansión de su sindicato ayudada por el Gobierno. Quizás pensaron que sus expectativas políticas estaban más que colmadas con la vicepresidencia del partido justicialista bonaerense. Pero el problema no es de personas, la falta de regulaciones institucionales del conglomerado kirchnerista carece del cursus honorum que rige las prácticas de los partidos políticos organizados en los que las carreras y los ascensos no son el resultado de golpes de mano ni de "dedazos".
La sociedad argentina pasó 61 años (entre 1928 y 1989) hasta que pudo realizar una alternancia democrática entre un partido de gobierno y un partido de oposición. La segunda, en 1999, dio un gobierno por dos años. Es bastante compartida la opinión que considera el conflicto actual como una lucha por candidaturas para 2015. La política sin reglas institucionalizadas fue durante mucho tiempo la consecuencia de las dominaciones de las elites castrenses y sus aclamadores. La cultura política acuñada en ese medio siglo es, probablemente, la rémora que más obstaculizó un mejor desenvolvimiento del proceso de transición a la democracia iniciado en 1983.
