El Gobierno, en su camino a 2015, no reparará en costos: intentará imponer como procurador general a Daniel Reposo; tratará de ahogar al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, incluso cuando esto también signifique perjudicar a los vecinos de la ciudad, y procurará infundir más temor entre los empresarios.

La oposición funda sus críticas contra Reposo en su falta de antecedentes y de independencia respecto de la Presidenta. Pero ésta no hubiera aceptado desplazar al ex procurador Esteban Righi para satisfacer simplemente a su vice, Amado Boudou, si al mismo tiempo no estuviese segura de su capacidad de imponer su decisión final. Es muy probable que, una vez asegurados los dos senadores que le faltan para conseguir los dos tercios, el martes próximo la Presidenta envíe el pliego de Reposo al Senado y, el 6 de junio, éste se convierta en procurador.

Por su parte, Macri denunció públicamente que Kirchner quiere fundir a la Ciudad. Es cierto que él aprovecha las críticas que ella le hace para mostrarse como principal opositor. Pero también hace cuentas y tiene motivos para sentirse asfixiado: el proyecto de Diana Conti para sacar los depósitos judiciales del Banco Ciudad y entregarlos al Nación supera largamente los 6000 millones de pesos. Ese dinero es el que utiliza la Ciudad para dar créditos hipotecarios, que los vecinos verán desaparecer de la noche a la mañana. No sólo en la Capital están alarmados por el grado de desfinanciamiento. También lo está la Justicia.

Macri sacó más cuentas: el recorte de subsidios que hizo el Gobierno a luz de villas y hospitales (unos $ 350 millones); la transferencia de la Justicia ($ 365 millones), y la poda a los subsidios por tarifas e infraestructura por subtes y colectivos ($ 2000 millones) le significan un quebranto de otros $ 2800 millones. A lo que debe sumarle el aumento del precio por enviar la basura a la provincia de Buenos Aires.

En la estrategia de ir por todo, el Gobierno aprovecha el impacto que generó la expropiación de Repsol para arremeter contra Telefónica y atemorizar a las eléctricas. Nombrará al reemplazante del fallecido Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos: se menciona a la ex senadora María Cristina Perceval o un discípulo de Duhalde, Luis Allén. Y evalúa crear una Secretaría sobre Delitos Económicos para perseguir a empresarios de los años 70. Incluso, aún sin este paso, Pedro Blaquier (Ledesma) ya fue citado a indagatoria.