El petróleo puede considerarse un recurso no-renovable, por lo que obtener más renta hoy implica obtener menos mañana. Si se descubren nuevos yacimientos, o mejores métodos de producción en los yacimientos existentes, la renta a la cual se puede acceder aumenta. La renta disponible será tanto mayor cuanto mayor es la eficiencia de los procesos tanto de exploración como los de producción.
La renta petrolera de un país puede ser capturada por los habitantes de este si los contratos a los cuales están sujetas las empresas alinean lo mejor posible el interés de estas empresas con el de la sociedad que es en última instancia propietaria del recurso.
Supongamos un yacimiento que puede producir petróleo por valor de $ 10 por mes, con un costo de extracción de $ 5. La renta de $ 5 es el máximo que una empresa puede llegar a pagar por explotar el yacimiento. Una licitación competitiva resultaría en una oferta ganadora cercana a $ 5. Quien ofrezca mucho menos no ganará la licitación. Lo importante es que bajo licitación competitiva la renta es capturada por la sociedad y no por la empresa adjudicataria de la licitación. La empresa adjudicataria recupera en todo caso sólo costos.Este simple hecho es ignorado por la mayor parte de los políticos y la ciudadanía.
La clave es diseñar en forma adecuada el mecanismo de licitación. Este diseño tiene sus bemoles pero en todo caso es mucho más sencillo que operar directamente una empresa, cosa que ahora pretende hacer nuestro Vice-Ministro.
Pero por supuesto también deben descubrirse nuevos depósitos. La exploración es riesgosa: una inversión puede resultar en descubrimiento de un depósito que cubra con creces el monto, o ser un fracaso total. Nada impide que a través de un mecanismo de licitación competitiva se logren los niveles adecuados de inversión. El máximo monto que las empresas que realizan la exploración están dispuestas a pagar por explotar una cuenca determinada es igual a las rentas (esperadas) que dicha cuenca puede producir. Para el Estado, el mecanismo de licitación competitiva tiene enormes ventajas sobre la explotación directa ya que permite que la decisión de cuánto y cómo invertir la tome el que más conoce del negocio. Bajo licitación competitiva, todo error en sub- (o sobre) estimar la inversión se paga en forma inmediata. Y el que la paga es un privado y no todos.
La producción de petróleo como así también la de soja se caracteriza por tener asociadas importantes rentas. En las últimas dos décadas la producción de soja se multiplicó por cinco con el resultado de que Argentina es hoy uno de los más importantes exportadores. En contraste, el panorama energético es desolador.
¿Porque somos eficientes en la producción de soja pero no en la de petróleo? ¿Es por la diferencia de patriotismo del productor sojero en comparación a los siniestros designios de los directores de Repsol? No. En la producción de soja, la política de gobierno sólo impacta (y en forma negativa) a través de derechos de exportación, el entorno contractual y productivo es decidido en forma eficiente por empresarios. La producción de petróleo, en contraste, es en gran medida resultado de diseño erróneo por parte del gobierno: precios, condiciones de licitación, certeza en cuanto a contratos son motivo de accionar público. Los productores sojeros maximizan la renta a obtener, y de paso generan miles de millones de dólares de exportaciones. La renta sojera es compartida por los propios productores y con el resto de la sociedad a través de impuestos. Mientras tanto, el Estado dilapida las rentas potencialmente disponibles de la producción de petróleo.
Producción sojera floreciente, y de energía estancada resulta evidencia de la falacia de argumentar que haciéndose cargo el gobierno de YPF las cosas marcharán mejor. Lo más probable es que la renta petrolera total disminuya, y que además una parte significativa de esta sea derivada a gremialistas, proveedores y funcionarios.
Por Marcos Gallacher Profesor de Economía, Universidad del CEMA


