La Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica rechazaron la medida y anticiparon que no acompañarán con su voto el proyecto del Poder Ejecutivo, que comenzará a ser tratado este martes en el Senado y llegaría al recinto la próxima semana.

En cambio, el Frente Amplio Progresista (FAP), Proyecto Sur y el Bloque Peronista destacaron la decisión oficial y adelantaron su respaldo.

El titular de la bancada radical en Diputados, Ricardo Gil Lavedra, dijo que su bloque se reunirá este martes para terminar de delinear su proyecto alternativo de reforma integral del sector energético, al sostener que la expropiación del 51 por ciento de YPF "por sí sola no alcanza".

"Queremos establecer las bases de una política a largo plazo. El anuncio ha tenido más de declamatorio que de cuestiones concretas", afirmó Gil Lavedra, al adelantar que la UCR no acompañará al texto oficial.

En la misma línea, el diputado Ricardo Alfonsín sostuvo que "es necesaria la presencia del Estado ejerciendo roles indelegables en la conducción del sector energético".

"La UCR históricamente consideró conveniente la presencia del Estado como actor empresario en el sector energético. Por eso nos opusimos a las políticas de los 90. Sin perjuicio de que estas cuestiones, no creo que los más conveniente para los argentinos sea la propuesta del oficialismo", agregó Alfonsín en declaraciones radiales.

El PRO de Mauricio Macri también se expresó en contra y el diputado Julián Obiglio consideró que "Argentina va camino a convertirse en la Venezuela chavista".

"Esta expropiación es demencial y su único resultado será el aislamiento internacional. El camino que ha tomado el Gobierno nacional provocará un durísimo empobrecimiento de nuestro país y de todos los ciudadanos", resaltó el legislador del PRO en un comunicado.

En tanto, la senadora María Eugenia Estenssoro y el diputado Alfonso Prat Gay de la CC rechazaron la iniciativa oficial, al evaluar que "una empresa mixta tampoco podrá resolver el problema energético si no existe un plan nacional sustentable y racional".
"También se necesita una auditoría de la empresa y de todo el sector", resaltó Prat Gay.

En la otra vereda opositora, el FAP expresó a través de sus distintos bloques integrantes su postura afín a la propuesta del Gobierno.

El senador Rubén Giustiniani se manifestó "de acuerdo con la declaración de utilidad pública y expropiación" del 51 por ciento del paquete accionario de YPF.

"Es el camino de la recuperación de una herramienta central para la regulación de los mercados de hidrocarburos: una empresa petrolera estatal", dijo Giustiniani en un comunicado.

La diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, saludó la nacionalización, aunque expresó su preocupación en relación a la transparencia en la administración de los recursos energéticos.

"Nos parece central que esta nacionalización esté destinada a mejorar el abastecimiento de nuestra industria y población en general, que ayude a reducir los gastos que mes a mes se incrementan en el bolsillo de usuarios y consumidores", dijo Donda en un comunicado.

Por su parte, el legislador del GEN, Gerardo Milman, señaló que el proyecto oficial "no difiere en su esencia" con el difundido el jueves pasado por su espacio.

"Aceptamos el debate, pero debe ser parte de uno mayor como es la política energética", subrayó Milman.

A su turno, el diputado y titular de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, celebró también "la decisión sobre YPF", tras señalar que "hace 20 años que lucha por la recuperación de nuestro petróleo".

"El compromiso y desafío futuro será hacer una empresa ciento por ciento pública, nacional y federal con control social", dijo Solanas en un comunicado.

El bloque de diputados que preside Felipe Solá también anunció que acompañará la medida, en base "a la convicción de que, ante la falta de controles efectivos por parte del Estado y de una errónea política accionaria operada recientemente por el Gobierno, Repsol-YPF tomó ganancias no sustentables y desatendió la política de inversión de riesgo que la Argentina necesitaba".

"YPF en manos del Estado puede ser una extraordinaria posibilidad de mayor soberanía para el Pueblo argentino. Pero si se cayera en los crasos errores de muchas antiguas empresas argentinas estatizadas, se iría a una nueva y terrible frustración", advirtió la bancada de Solá en un comunicado.

La diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que ampliará la denuncia contra la presidente Cristina Kirchner por "el vaciamiento de YPF", al tiempo que consideró que la medida adoptada en torno a la empresa es "la expropiación de un muerto".

"La propia Presidenta de la Nación reconoció el vaciamiento de YPF que denunciamos", remarcó la legisladora nacional y dijo que la jefa de Estado es "encubridora y partícipe de este despojo".

En ese sentido, Carrió subrayó: "Estamos ante la expropiación de un muerto y porque el Estado no impidió el vaciamiento mediante la Acción de Oro".

"La propia Presidenta reconoció el vaciamiento de YPF y, como esto fue consentido por el representante del Estado en el Directorio y los síndicos, nos presentaremos para ampliar nuestra denuncia por encubridores y partícipes de este despojo", sostuvo la referentes de la CC.

A favor de la medida, el titular del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, respaldó la decisión y sostuvo que "el control estratégico por parte del Estado es condición necesaria para revertir las necesidades de abastecimiento".

Rossi consideró que la medida "es un paso enorme para recuperar la soberanía energética del país" y afirmó que "hay que darle a la empresa una conducción con claro sentido nacional para lograr el abastecimiento energético".

A su vez, el diputado nacional Martín Sabbatella, del partido Nuevo Encuentro, declaró hoy que el proyecto de ley sobre expropiación de acciones de YPF es "un paso fundamental para recuperar la soberanía energética del país" y destacó el "coraje y decisión" de la presidenta Cristina de Kirchner para tomar adoptar esa medida.

Tras participar del acto en Casa Rosada, el dirigente expresó el apoyo a que se declare de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos y consideró que se trata de "una decisión importantísima y estratégica para el país".