Hay que reconocer que en los últimos tiempos la Presidenta ha sabido convertir cada crisis en una oportunidad. Cuando parecía que el vicepresidente Amado Boudou la estaba poniendo en un aprieto al atacar al procurador general Esteban Righi, Cristina Kirchner advirtió que se hallaba ante una inmejorable ocasión para poner al frente del Ministerio Público a alguien capaz de persuadir mejor que su antecesor a los fiscales de que deben hacer la vista gorda ante cualquier caso que comprometa a los funcionarios del Gobierno. De paso, vio que también estaba frente a la oportunidad de darle un mensaje a lo que en el kirchnerismo llaman la "corporación mediática" y, entonces, propuso para la Procuración a Daniel Reposo, alguien no sólo cercano a Boudou y Guillermo Moreno, sino enfrentado con los accionistas privados de Papel Prensa.
La jefa del Estado no quiso advertir que estaba ante la oportunidad de parecerse a su par brasileña, Dilma Rousseff, quien en lo que va de su gestión forzó la renuncia de 12 de sus colaboradores cuando estuvieron sospechados de cometer distintos actos ilícitos.
Sus justificativos para defender a Boudou, su elegido, pesaron mucho más que el modelo Rousseff.
En primer lugar, reinaron las hipótesis conspirativas: "Ahora vienen por Boudou, mañana vendrán por mí", fue el mensaje que transmitió a sus colaboradores y que éstos se ocuparon de difundir. Hacer rodar la cabeza del vicepresidente hubiera implicado, en la concepción del poder kirchnerista, una concesión a los diarios que llevaron adelante la investigación periodística del caso Ciccone.
En segundo término, la caída de Boudou hubiera arrastrado también al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, comprometido con las enormes facilidades para pagar deudas que se les brindaron a los nuevos dueños de la imprenta Ciccone, y a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, por avanzar en un acuerdo con esa empresa para la fabricación de billetes. Y probablemente hubiera llegado más allá, por cuanto Boudou, hábilmente, se ocupó de destacar que la idea de salvar a Ciccone y de preservarla del grupo Boldt era una política del gobierno nacional, antes que una iniciativa de él.
Tal vez la Presidenta no se percató de que, con sus denuncias sobre Righi, Boudou puso bajo un manto de sospechas a todos los funcionarios que utilizaron los servicios del estudio jurídico de sus familiares. O tal vez sí. Pero, en todo caso, prefirió evadirse de tal realidad y doblar la apuesta, avanzando hacia una nueva fase de profundización del modelo: la morenización de la Justicia.
