Los serios problemas fiscales y de caja de algunas provincias se deben por sobre todas las cosas a que algunos gobernadores no consiguen que se les traspasen los fondos coparticipables que les corresponde. A veces parece que no tuvieran el coraje suficiente para reclamar los recursos correspondientes so pena de ser descalificados por la Sra. Presidente.
Sin embargo por más obsecuencia que manifiesten, por más que aplaudan los disc. ursos oficiales, por más que minimicen los escándalos de nuestro rockero vicepresidente, los recursos definitivamente no alcanzan. Una mala administración provincial, sumada a la baja coparticipación que efectivamente se asigna, terminan en estos déficits de caja que de alguna manera hay que equilibrar. Y como de algún lado hay que sacar plata, y racionalizar gastos, cosa que generalmente no entra en los planes oficiales, queda una sola salida: aumentar los ingresos vía impuestos.
Imagino a los gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba a la sazón las cuatro provincias eminentes sojeras, reunidos con sus asesores tratando de encontrar la manera de aumentar los recursos fiscales. Y aquí ya no me cabe duda, usaron una “perinola” esa que en todas sus caras dice “paga el campo”.
Una vez asumido que será otra vez el campo quien pague, ¿quién sino? sólo queda decidir que impuesto o tasa se aumenta o si se crea alguno nuevo. Porque no sólo se aumentan, a veces se crean nuevos, como algunos municipios que crearon una tasa de seguridad e higiene para el sector rural, por supuesto no brindan como prestación ni seguridad ni higiene, pero recaudar recaudan.
Sin embargo descreo que los gobernadores hayan sido ni tan creativos ni tan irrespetuosos de la democracia, y a las pruebas me remito, cortaron por lo sano; que paguen los que más tienen (o creemos que tienen) y los que más ganan (o creemos que ganan). Decidido: se aumenta el inmobiliario rural, y como su monto resulta de aplicar una alícuota al valor fiscal, pensaron, ahí si pensaron que era mejor aumentar la valuación. De esta manera no sólo aumenta este impuesto, si no también todas las tasas notariales, los trámites catastrales, y porque no decirlo se trata también de una excelente oportunidad para quedar muy bien con el recaudador mayor de la AFIP, que por bienes personales, y mínima presunta va a recaudar una fortuna con valuaciones aumentadas en el orden de las cinco veces.
¿Las valuaciones fiscales de los campos son bajas? En realidad son muy bajas.
¿Las alícuotas que se aplican son correctas? En verdad son altísimas y decididamente confiscatorias.
Desde hace muchos años las valuaciones fiscales no coinciden con los valores reales de compra venta de los campos, pero debemos entender que el fisco provincial y nacional, aceptan estos bajos valores, y por ello fijan alícuotas tributarias sumamente altas. Por ejemplo en el caso del inmobiliario rural la tasa histórica fue del 1% en la mayor cantidad de casos (es en realidad progresiva), y si asumimos que renta de la tierra en la Argentina es del orden del 3%, este impuesto se estaría llevando un tercio de dicha renta. En el 2.006 la Provincia de Buenos Aires violando el Pacto Fiscal, aumentó considerablemente y de acuerdo a la “capacidad productiva” las alícuotas, por lo que hoy tenemos partidos gravados con tasas del orden del 5%. Imaginen que pasaría si el valor fiscal fuera el real.
Si en algún momento se quisieran sincerar los valores fiscales para asimilarlos a los inmobiliarios o de mercado se deberían replantear sin duda las alícuotas, y los mínimos imponibles para el caso de los impuestos nacionales. No hay duda que la política tributaria está desactualizada, pero dadas las necesidades de los estados se han reformado para aumentar de manera no muy prolija los ingresos fiscales.
El impuesto inmobiliario grava la tenencia de la tierra, pero deberíamos diferenciar claramente el caso agropecuario, ya que el valor tierra es el componente más importante del capital del productor agropecuario (no así en el comercio, industria y servicios). En este sector el valor tierra ronda el 90% del capital total de una explotación agropecuaria.
Si bien la tierra es el principal capital del productor, a éste no le interesa su valor ya que tradicionalmente la tierra no se negocia, es un bien transable pero no se transa. Por ello es que año tras año se compran y venden miles de propiedades y terrenos urbanos para vivienda, industria y comercio, pero son muy pocas las hectáreas que cambian de dueño. Los productores no podemos comprar más tierras, quienes compran generalmente son los empresarios cercanos al poder y porque no decirlo políticos y sindicalistas. A todos ellos esperamos poder sumarlos próximamente a nuestro reclamo.
Resulta entonces que para el productor la capacidad de pago de este impuesto depende de su renta y no del valor inmobiliario, y no hay dudas que la renta agropecuaria que repuntó luego de la devaluación, viene teniendo desde entonces una notoria caída año tras año, aún con precios de la producción relativamente altos. La realidad es que con costos en aumento se puede seguir produciendo sin quebrantos sólo por los altos precios internacionales. Algunos llaman a esto “viento de cola” pese a que a nuestra Presidente no le agrada demasiado esta denominación.
Los ingresos fiscales provinciales se incrementan vía ingresos brutos y de sellos por el alto valor de la producción, pero si los gobernadores pretenden seguir esquilmando al sector mediante estos abusivos aumentos del inmobiliario, provocarán un aumento en los costos imposible de absorber por la renta del sector.
Frente a estos abusos fiscales por ahora se multiplican asambleas y protestas. ¿Provocará este aumento una reacción similar a la de la 125? Pero debemos mantenernos alerta y preparados para defender nuestra ruralidad. Veremos como se suceden los hechos.
