Encuestas en decadencia. Una eventual crisis internacional promovida por la tenaz persecución oficial a Repsol, la principal accionista de YPF. El vicepresidente de la Nación recorriendo los pasillos de los tribunales, voluntariamente por ahora. Ante esos desafíos (y otros, como el colapso del transporte público y los masivos cortes de las autopistas suburbanas), Cristina Kirchner carece de política y de brújula. Su segundo mandato parece mucho más viejo que los cortos tres meses que transcurrieron desde el esplendor del pasado 10 de diciembre.
El destino de Amado Boudou vacila. Su situación es como una pelota de tenis sobre una red: puede saltar para cualquier lado , explicó un funcionario judicial. La investigación se desliza. Empieza a abandonar el primer testimonio, el de Laura Muñoz, la ex mujer de Alejandro Vandenbroele que acusó a éste de ser testaferro de Boudou, para poner el haz de luz en los expedientes. El intercambio de cartas, por ejemplo, entre la AFIP y el Ministerio de Economía para aprobarle un plan de pagos a la ex Ciccone, propiedad, en parte al menos, de dueños desconocidos.
Funcionarios de la AFIP aseguraron que ésa fue la primera vez en la historia en que la AFIP consultó formalmente al Ministerio de Economía para aceptar un plan de pagos. Aceptar o rechazar esos planes es potestad exclusiva del ente recaudador. ¿Fue un atajo de Ricardo Echegaray para dejar constancia de que estaba cumpliendo con un pedido de Boudou? Imposible saberlo en los tramos aún iniciales de la investigación judicial.
Laura Muñoz cumplió la misión de descorchar el escándalo. La misión ha concluido. Su condición de esposa de Vandenbroele (lo es todavía formalmente) la elimina como acusadora de su esposo. El Código Penal y la jurisprudencia inhabilitan a los cónyuges a denunciarse penalmente entre ellos, y ése es el criterio que se está imponiendo en esta causa. La grabación de una conversación tiene menos valor probatorio todavía: no fue ordenada por un juez ni supervisada por un escribano. Se hizo, además, con el desconocimiento de Vandenbroele, que presentó en la Justicia un certificado médico que cuestiona la estabilidad emocional de su ex esposa.
La Justicia se está centrando ahora en los papeles. Es el tramo que jueces y fiscales llaman de "recolección de pruebas". La primera constatación a la que deben llegar es cuál fue verdaderamente el papel de Boudou en el entramado del cambio societario de la ex Ciccone. ¿Qué cosa fue normal y qué cosa fue excepcional? ¿Cómo actuaron Boudou y otros funcionarios en el proceso de quiebra de la ex Ciccone y en el posterior levantamiento de la quiebra? Hay una prueba decisiva: la carta firmada por Boudou en la que recomienda a la AFIP aceptar el plan de pagos de la empresa impresora.
La Justicia está buscando también otras respuestas, aunque ya existen algunas deducciones. ¿Qué papel jugó José María Núñez Carmona, amigo de Boudou y de Vandenbroele? ¿Es cierto que Núñez Carmona hizo gestiones ante el Gobierno en nombre de la ex Ciccone? ¿Lo hizo también en nombre de negocios comunes con el vicepresidente y con Vandenbroele? Vandenbroele aceptó, en una declaración voluntaria ante la Justicia, que le presentó a Núñez Carmona a un amigo suyo para que alquilara en Puerto Madero un departamento que es propiedad de Boudou. Ese departamento es el nexo tangible entre Boudou y Vandenbroele. ¿Quién es ese amigo? ¿Tuvo alguna relación con la saga de Ciccone?
La pregunta más enigmática es, sin embargo, sobre la propiedad de The Old Fund, que controla el 70 por ciento de las acciones de la ex Ciccone. The Old Fund está radicada en la Capital, pero es propiedad de una firma holandesa con sede en Ginebra, que se disolvió, y de otra firma extranjera, Dusbel SA. Nadie sabe nada sobre los dueños de esta última empresa. La familia Ciccone dijo públicamente que controla el 70 por ciento de The Old Fund. Aun cuando eso fuera comprobable, ¿quién controla el 30 por ciento restante? El gobierno de Cristina Kirchner estuvo a punto de encargarle la impresión de los pesos argentinos a una empresa cuya propiedad total se desconoce. ¿Y si se tratara de lavado de dinero de procedencia ilegal?
Un próximo paso inevitable de la Justicia, luego de los allanamientos del viernes, será el envío de exhortos al exterior para saber quiénes son los dueños verdaderos de The Old Fund. Los exhortos deberán ser firmados por el juez Daniel Rafecas e irán hacia un mundo demasiado atento a las maniobras de lavado de dinero. Seguramente, Rafecas no demorará esa decisión, esencial para continuar con la investigación. El fiscal Carlos Rívolo es un investigador incansable y meticuloso; sabe también que Rafecas es un juez que exige estándares altos de pruebas para imputar a un sospechoso. Los dos han enhebrado una buena relación.
El Gobierno tiene, al revés, estándares muy bajos para acusar y condenar. La embestida de los gobernadores petroleros contra YPF fue una decisión tomada en Olivos, no en las provincias. La cancelación de concesiones de pozos se hizo contra cualquier noción de seguridad jurídica. Uno de los pozos afectado en Chubut era propiedad en un 50 por ciento de la empresa estatal chilena de petróleo, Enap. La cancelación de la concesión sucedió apenas 24 horas antes de que Cristina Kirchner desembarcara en Santiago para cumplir con una visita oficial postergada dos veces. ¿Alguien advirtió que aquellas decisiones podían arruinarle un viaje al exterior a la Presidenta? ¿Por qué todos corren para cumplir las órdenes de Cristina y nadie se detiene para darle toda la oportuna información? ¿Qué está pasando en el cerrado núcleo del poder?
El porcentaje de producción petrolera de YPF afectado en Chubut y Santa Cruz es pequeño. Pero es un símbolo, porque es el principio de una operación política y económica cuyo final se desconoce. YPF no hará una próxima liquidación de dividendos, pero el Gobierno no se conforma con esas migajas. Necesitará este año unos 10.000 millones de dólares para financiar la importación de petróleo y gas.
La decisión de avanzar sobre la renta petrolera es retroactiva también. La Presidenta necesita recursos porque perdió 12 puntos de popularidad en apenas dos meses; la simpatía popular y la economía marcharon siempre juntas para Cristina. No ha seducido con otra oferta. Cuando la economía retrocede, ella también retrocede. La anterior y generosa tendencia de las encuestas ha cambiado ahora.
Un proyecto anda circulando: el gobierno nacional se quedaría con la administración de los recursos petroleros, aunque no desconocería la propiedad provincial de los pozos ni las regalías que reciben las provincias. Esos son mandatos de la Constitución. Las petroleras les pagan ahora las regalías directamente a las provincias. Algunos gobernadores (sobre todo, el neuquino, Jorge Sapag) comienzan a preguntarse si las regalías no caerán en el mecanismo que premia con dinero a los amigos y castiga con el hambre a los enemigos.
El Gobierno está tensando inútilmente la relación con España; Repsol es su principal empresa. En el G-20 (exclusivo club al que a Cristina le gusta pertenecer) se acumulan países con reproches a la Argentina. La unanimidad la convoca el estrafalario sistema de Guillermo Moreno que bloqueó las importaciones. No es sólo el G-20. Brasil, Chile, Uruguay, los Estados Unidos, Europa y China están crispados ante un modo personal e inédito de resolver el comercio exterior.
Cristina Kirchner decide sola, aislada del mundo y de la completa información, que Moreno le retacea. Es el mismo aislamiento que eligió para encumbrar a Boudou hasta la penúltima cima de la República..
