Los Estados nacionales, vapuleados hasta hace pocos años, han recuperado la capacidad de generar tecnología y de elaborar políticas públicas en el área de los agronegocios en casi todo el arco sudamericano. En el último congreso de Mercosoja, un panel tuvo como protagonistas principales a funcionarios que le pusieron perfil humano a las intenciones políticas de los gobiernos de las cuatro naciones que componen el Mercosur. Como espejo del alma de la época, todos los expositores insistieron en la importancia de volver a tener injerencia pública en los desarrollos en ciencia y tecnología aplicados al agro, aunque cada uno lo hizo a su manera y marcado por la historia y la actualidad del país al que representaba.
Así, Luis Basterra, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), aprovechó la localía para hacer la exposición más larga de todas y resaltar, más en clave proselitista que técnica, los avances presupuestarios y estructurales del organismo, ninguneado en los 90 y sacado de las cenizas por el primer kirchnerismo.
La brasileña Vania Rodríguez, de la Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias (Embrapa), subió la escala de los números y los objetivos hasta límites de gran potencia mundial, con una minuciosidad y planificación digna del nuevo paradigma político de los vecinos que encarna Dilma Rousseff: ejecutiva, pragmática, preparada, y arrolladora.
Los dos más chicos también tuvieron su espacio, aunque más acotado: el uruguayo Enzo Raúl Benech (representante del ministerio de Agricultura ante el privado Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) habló sobre la expansión sojera pero se mostró más que nada preocupado por la pérdida del paisaje tradicional oriental, mientras que Alicia Bogado, de Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (Ipta), explicó el desafío de consolidar la industria sojera en un lugar donde apenas 18 investigadores pagados por el Estado se dedican al tema.
Valor criollo. El Inta es una de las patas estatales que, denostada bajo los gobiernos neoliberales, recuperó algo del esplendor perdido a partir de 2003. En ese sentido avanzó toda la disertación de Basterra, quien destacó el momento político del Mercosur que permite “alinear visiones y un ámbito de cooperación más profundo que va más allá del comercio e incluye la integración y la cooperación científica”.
El Instituto es un gigante cuya planta de personal alcanza los 6.657 agentes, de los cuáles el 44% son profesionales, el 31% cumplen funciones de apoyo y el 25% son técnicos. Además, la institución cuenta con 463 becarios, que son profesionales de reciente graduación. El funcionario partió de la idea de que durante los ‘90 hubo un desguace institucional que llevó a que el organismo dependiera de los demandantes privados para financiarse, algo que empezó a modificarse a partir de 2003 con períodos aumentos en el presupuesto y un cambio de eje donde el sector público vuelve a ser visto como eficiente.
Entre 2003 y 2011 el presupuesto se multiplicó por 7, la inversión anual por 20, el personal por 2, y se incluyó un proyecto del BID por 213 millones de dólares bajo la óptica de “competitividad con equidad” y un mayor énfasis en los productores pymes.
Uno de los nuevos desafíos es lograr una mayor integración con las provincias, que son las ejecutantes de los programas, un ítem en el que reconoció que “falta todavía”, así como en la ampliación de la base de participación de los privados en la conducción del organismo y en la formación de nuevos dirigentes.
También se defendió de la teoría que sostiene que a la revolución agrícola en Argentina la hicieron los privados. “Se dice que el Inta quedó excluido del boom de la soja y esto no es así, eso es algo que molesta”. Basterra explicó que el boom se dió en los 90, durante el peor momento del Instituto, pero que el Inta participó “de la gestión del cultivo y de los ensayos de larga duración de rotaciones y labranzas”, y que a pesar de las vacas flacas “nunca dejó de generar información”.
Gran hermano. Brasil, durante los años de Lula da Silva, pegó el salto desde el peldaño de país en desarrollo hasta el de potencia global del mundo multipolar. Mucho tuvo que ver en ese proceso la agricultura, que creció de manera exponencial y posicionó al gigante sudamericano como uno de los mayores jugadores mundiales del comercio de los alimentos.
Vania Rodríguez, de la Embrapa, explicó en detalle de qué manera ese país se prepara para cumplir su nuevo papel. El organismo estatal está focalizando en la formación y el perfeccionamiento de sus recursos humanos: tiene 9.248 empleados, de los cuáles 2.215 son investigadores, 18% con maestría, 74% con doctorados y 7% con post-docs. El presupuesto para 2011 es de mil millones de reales (560 millones de dólares), y en aumento.
Tiene 47 centros de investigación, laboratorios en el exterior con especial interés en China, y trabaja en colaboración con 56 países: “es una prioridad para el gobierno”, sintetizó, para agregar que la agricultura explica el 28% del PBI brasileño, el 37% de la mano de obra y el 42% de las exportaciones. Dentro de ese espectro, la agricultura familiar implica 106 millones de hectáreas, representa el 24% del área agrícola, y el 84% de los propietarios de la tierra.
Rodríguez explicó que la matriz que moldea ese desarrollo está en la continuidad de políticas públicas que favorecieron el desarrollo en ciencia y tecnología, entre las cuales Embrapa —estatal creada en 1973— significó “una clara mejoría”.
Para el futuro, el estado brasileño intentará de aquí a 2025 aumentar la producción en base a las siguientes proyecciones: soja +25,9%, maíz +24%, arroz +10%, y trigo +16%. Pero con el ojo puesto más en el mercado interno que en las exportaciones, ya que resaltó que un objetivo estratégico prioritario es “asegurar la seguridad alimentaria de la población” a través de un aumento de la “densidad nutricional” y de la “funcionalidad de los alimentos”. “Trabajamos bajo el concepto de una agricultura que sea proveedora de servicios ambientales”, argumentó, para concluir: “el objetivo del gobierno es convertir a Brasil en una potencia agrícola, ambiental y energética”.
Los chicos. En Uruguay, la investigación en materia agropecuaria por parte del Estado depende, en realidad, de una combinación de esfuerzos público-privados. El INIA, con 21 años de vida, depende de la renta privada, ya que los productores pagan un 4/1000 de sus rentas para financiarlo, a lo que se suman también aportes estatales.
Benech, como sus colegas, destacó el “pensamiento parecido” que flota sobre toda la región, que además de un compromiso para trabajar en conjunto debe asumir “el papel que le corresponde” en el tablero internacional.
Desde una mirada exclusivamente estatal, expresó su preocupación por la sojización de la agricultura, proceso que avanzó de manera “explosiva” y que se tradujo en nuevos precios, mayor demanda, nuevos actores, y más entrada de tecnología y capitales.
“La región desarmó programas de investigación porque nos convencieron, y nos dejamos convencer, de que no éramos eficientes. Ahora hay que retomar todo porque es una obligación política nuestra, y porque el mundo así lo reclama”, enfatizó, para agregar que “todos se olvidaron de que es fácil desarmar la cosas, pero que armar procesos de investigación lleva años”.
En ese punto, el oriental llamó a “correr juntos” la carrera tecnológica apoyando la investigación, pero recordando que los inversores “deben ganar plata pero dejar algo también”.
Además se mostró preocupado por la tendencia al arrendamiento de tierras, que genera un escenario de plazos cortos, escasa diversidad de cultivos, y pérdida del sistema mixto tradicional, una antigua fortaleza del Uruguay.
“Nos preocupan las implicancias para la sustentabilidad y la utilización de zonas con suelos más frágiles”, dijo, tras lo cual aseguró que la soja uruguaya necesita mejor tecnología para aumentar su productividad porque el rendimiento es bajo comparado a Argentina y a Estados Unidos.
