En cuanto a la discusión del largo plazo destacamos que el fundamento de este debate es entender dinámicas de cambio globales. Viene un mundo en donde los recursos naturales y la producción de alimentos serán ventajas estratégicas extraordinarias. Argentina posee ambas. En tal sentido, es más que saludable que nuestro país discuta como ve el mundo y como se ve asimismo en ese mundo.

Decíamos que otra novedad en este debate es la aparición de muy amplios acuerdos políticos, aun entre oficialistas y opositores. El primer gran acuerdo es sobre la importancia de discutir y legislar el tema. El segundo gran acuerdo es la necesidad de contar con información fehaciente sobre la cantidad de extranjeros que poseen tierras en Argentina y las extensiones involucradas. Actualmente no hay datos certeros. Las estimaciones van desde un 2 o 3% hasta casi el 10% del total de tierras agropecuarias. Legislar sin información fehaciente genera el riesgo de legislar mal. Es valioso asumir que debemos conocer en profundidad el tema que pretendemos regular antes de avanzar sobre el mismo.

Un fuerte debate se ha dado en torno a la constitucionalidad de estos proyectos. En tal sentido perfeccionar la diferencia entre los extranjeros que son residentes, -que tienen sus derechos amparados por la Constitución -y aquellos que no lo son, y darle un mayor rol a las provincias -titulares por mandato constitucional de los recursos naturales- son mejoras posibles y necesarias para adecuar el proyecto a la Carta Magna.

Otra cuestión a mejorar es diferenciar los tipos de tierra a regular, ya sea de frontera, de montaña, de desierto, con cursos de agua o sin ellos, de producción agrícola intensiva, etc. Podría avanzarse en tratar de manera diferente la adquisición por parte de extranjeros cada una de estos tipos de tierra.

Una de las grandes críticas a este proyecto es que pone a todo extranjero que compre tierras un límite máximo uniforme a todo el país de 1000 hectáreas. Dicho límite no contempla las diversidades geográficas y que la productividad varía de acuerdo a la región. En este punto hay que perfeccionar el proyecto, contemplando así diferentes realidad productivas.

Es verdad que bajo el título Ley de Tierras se están discutiendo muchas cosas diferentes, más allá de los eventuales límites para la enajenación de las mismas, como la concentración de la propiedad y la producción, el uso del suelo y la soberanía alimentaria, entre otros. Estos debates son necesarios en la discusión de largo plazo, pero vale aclarar que no es lo que se pretende regular con el proyecto que está en estudio en el Congreso. Algo parecido ocurre con el tema de la rentabilidad, ausente en este debate: no podemos regular este tipo de cosas sin entender y mensurar claramente la rentabilidad del suelo y sus productores. La mejor defensa de la tierra en manos de productores nacionales es que los mismos tengan rentabilidad.

La ley de tierras nos brinda una extraordinaria oportunidad para legislar correctamente sobre cuestiones que hacen al presente y al futuro de nuestra nación y nuestra inserción en el nuevo escenario internacional. Podemos aprovechar esa oportunidad legislando con información cabal, con un profundo estudio de los temas, y caminando por el sendero de los acuerdos entre distintos partidos políticos.