El diputado Eduardo Amadeo presentó un proyecto de ley que prohíbe la intervención artificial en los mercados agropecuarios a través de restricciones a la exportación, mediante la derogación de todas las normas que permitieron tales intervenciones desde el año 2007.
Asimismo, el proyecto recupera la vigencia de la ley 21.453, que establece la apertura de los registros de exportación con la anticipación suficiente como para que nadie pueda especular y perjudicar a los productores y le prohíbe al Ejecutivo arrogarse la facultad de imponer requisitos para la autorización de cada una de las operaciones de exportaciones de productos agrícolas.
También establece que el Ministerio de Agricultura debe publicar estadísticas, series y estimaciones de consumo interno para establecer el cupo exportable, lo que apunta específicamente a evitar y prevenir la extorsión derivada de la falta de información, y que ha permitido que el cupo de exportación se cierre y se abra erráticamente, beneficiando únicamente a los grandes exportadores.
Con el fin de evitar esa distorsión, el proyecto estipula que dicho registro sólo podrá ser temporariamente cerrado cuando las exportaciones registradas superen las previsiones globales, para destinar al mercado interno la producción que el Ministerio establezca y publique anualmente y con anticipación. Además, el registro deberá abrirse inmediatamente apenas las citadas condiciones vuelvan al nivel previsto.
“Es una corrección fundamental al sistema actual”, aseguró el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Amadeo y agregó que “hoy mientras el área sembrada de trigo no ha tenido el crecimiento esperado, por las regulaciones impuestas, las medidas del Gobierno no impidieron que el pan aumentara un 250%. Y no sólo ello, sino que no todos los actores de la cadena de valor han resultado perjudicados de la misma manera, pues la brecha entre el precio de mercado y el precio que recibe el productor se ensancha cada vez más”.
“Debido a la intrincada red de normativas, los productores no pueden vender libremente sus cosechas y obtener por ellas el precio que internacionalmente se paga por las mismas, menos las retenciones. El gobierno, mediante varios mecanismos de intervención, viene facilitando la transferencia de 3.360 millones de pesos de los grandes, medianos y pequeños productores a las exportadoras, que son grandes cerealeras multinacionales, y a la molinería, que por otro lado está subsidiada, mediante otra serie de muy intrincadas normativas en permanente modificación”, explicó Amadeo.
“Éste es otro caso de capitalismo de amigos: se beneficia a los grandes capitales concentrados en desmedro de los miles de productores atomizados en todo el territorio nacional”, concluyó el diputado y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Unión Popular.
