Es que las acciones de gobierno no responden, exclusivamente, al plano político sino que las exceden ampliamente.
El término “gobernanza” se refiere, justamente, a la acción dirigida a gobernar desde la interacción entre lo público y lo privado; entre las instituciones gubernamentales y las instituciones públicas y privadas, sean formales como informales, comprendiendo a estas últimas a las costumbres y a los hábitos arraigados (“institucionalizados”). Cuando la gobernanza es sólida, los estamentos de poder incentivan el respeto a las instituciones formales (leyes) al tiempo que contribuyen a mejorar las informales (hábitos y costumbres) para que se atengan a las primeras. La acción participativa es el eje central que limita la acción estatal a los objetivos del desarrollo económico-social, con miras no sólo a lo inmediato sino también al largo plazo.
Si el Poder Ejecutivo y los distintos estamentos políticos del Estado no contemplan lo estructural y, por una visión de “ganar ahora”, sortean las instituciones formales, las restantes fuerzas vivas, fundamentalmente el empresariado, relegando los intereses propios de sus bolsillos a un segundo plano, deben bregar para eliminar tales desvíos. Los privados son lo que deben actuar. Vale recordar a Enrique Shaw, un histórico dirigente empresarial, quien expresaba que el empresario debía “renunciar al beneficio del momento, ser un puente entre quienes conocen el problema y los sumergidos que piensan en su situación inmediata.”
Sin embargo, desde la llegada al poder del kirchnerismo, el sector privado, con honrosas excepciones, ha tenido un comportamiento más parecido al de la corte de Luis XIV que al de quienes hacen una adecuada gobernanza. En gran parte, allí se encuentra la explicación sobre porqué sufrimos el actual grado de debilidad institucional.
Cuando las acciones en cartera de las AFJP se transfirieron a la ANSES (diciembre de 2008 a enero de 2009), poco levantaron su voz. Por omisión o por acción, la institucionalidad formal fue quebrada; así se sentaron las bases para afirmar instituciones informales (negativas) que atacan los derechos de propiedad. Y lo que, básicamente, parecía ser un problema de los futuros jubilados ha pasado a ser un serio inconveniente para las grandes empresas.
La participación estatal en los directorios, como amenaza al derecho de propiedad, puede ser la señal más clara sobre la necesidad de límites al Poder Ejecutivo. Lo que sucede hoy debería ser tomado como ejemplo para nunca dejarse llevar por delante. Porque cuando, se pisotea una institución formal, con argumentos presuntamente favorables al desarrollo en el corto plazo, la realidad es que en el largo pagamos todos la violación. Sobre todo los más débiles. Por ello, la participación del PBI argentino en el mundo está estancada, mientras que la de otros países, como Brasil, se mantiene firmemente ascendente. En la década de 1960, nuestro PBI representaba el 0,50% del total global y el de Brasil apenas el 1,50%. Hoy, mientras la participación del nuestro sigue prácticamente igual, nuestro vecino ha llegado al 2,50%. En aquella década, el argentino era el casi 12% del PBI latinoamericano y hoy el 7%.
Por Manuel Alvarado Ledesma - Economista
