Con las semillas autógamas sucede lo mismo que con los programas de computación, los dvd o los CD: la tecnología para copiarlas sin adquirir una nueva unidad es relativamente accesible. Ese es uno de los motivos por los cuales su reproducción no es socialmente cuestionada, con excepción de quienes son los propietarios intelectuales de esa creación. Un debate serio sobre el tema, que deje en segundo plano las acusaciones subjetivas, necesariamente debería responder a la pregunta sobre cuáles serían las consecuencias de no contar con un sistema que retribuya económicamente el desarrollo de esa nueva invención.

Si la soja es el principal cultivo de la agricultura argentina y el primer bien exportable del país resulta contradictorio que la investigación y el desarrollo no sean las de punta. La biotecnología está encontrando soluciones a los problemas como la tolerancia al estrés o la resistencia a malezas. También sucede con la incorporación de ciertas propiedades para dotarla de mayor contenido de aceite o de calidad con destino a la alimentación. La pregunta que debería formularse es cual es la forma más eficiente que tiene la producción argentina de incorporar los avances tecnológicos: si accede de primera mano o espera que otros lo hagan para adaptarlos más tarde.

En el caso de la soja RR2Y/BT, Brasil comenzará a sembrarla a partir del año próximo. Cuando en 1996 la Argentina aprobó la soja RR al mismo tiempo que Estados Unidos, se colocó un paso adelante de Brasil.

Desde el punto de vista económico habría que preguntarse también si un negocio que genera una facturación de 25.000 millones de dólares al año, y en el que los beneficiados no son, precisamente, campesinos de subsistencia, resulta contradictorio no contar con un sistema de reconocimiento a la propiedad intelectual.

El acuerdo que proponen Monsanto, Nidera y Don Mario, que cuenta con el aval de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), merece ser analizado y debatido en profundidad. Sus detractores, entre ellos la Federación Agraria Argentina (FAA), consideran que es contrario a la ley de semillas y rechazan que el nuevo evento biotecnológico esté disponible sólo para quienes adhieran al sistema de pago. Otros, consideran que no se es posible pagar por la incorporación de un solo gen sino que se debe contemplar la mejora del germoplasma que corresponde a un desarrollo anterior.

La FAA le pidió al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que declare la ilegalidad del acuerdo, para lo cual el Instituto Nacional de Semillas (Inase) comenzó a solicitar información a la industria.

El secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, dijo que el acuerdo es "un asunto entre privados", y aclaró que el evento biotecnológico podría ser autorizado para su liberación comercial dentro de 20 meses. De hecho, Agricultura pretende reducir los plazos actualmente vigentes para aprobar nuevos eventos biotecnológicos.

El pedido de proceso regulatorio para este evento se presentó en diciembre pasado. A diferencia de lo que sucedió con la soja RR, el RR2Y/BT obtuvo la patente en la Argentina.

La carta-acuerdo ya tiene una adhesión de productores que manejan unas cinco millones de hectáreas. En su mayoría son del NOA. Pero las empresas semilleras buscan también la adhesión de los acopiadores y los exportadores ya que la propuesta contempla que si el pago no se realiza en la semilla puede efectuarse con el grano. Algunos exportadores y acopiadores ya han adherido, aunque las empresas semilleras por ahora no revelaron sus nombres. Además, aún no está claro el valor de la regalía, pero se estima que estará en relación con lo que se paga en los países vecinos y el margen bruto de la soja.

Un conflicto diferente

Otra controversia surgió en el sector esta semana. La Mesa de Enlace y las Fundaciones de Lucha contra la Aftosa se oponen a una resolución que está por emitir el Senasa que establece la desregulación de hecho para la vacunación antiaftosa, ya que se les permitirá vacunar libremente a los veterinarios. Las entidades creen que con esta decisión se pondrá en riesgo el sistema de protección del ganado vigente desde hace veinte años Entre otras cosas, temen que no haya controles de calidad de la vacuna. En el Senasa, por el contrario, responden que la norma sólo regularizará una situación que se da de hecho y que los entes sanitarios manejados por los productores seguirán siendo el eje de la lucha contra la enfermedad.