El ex ministro de Economía analiza en este artículo las consecuencias de las políticas comerciales actuales y asegura que “resulta mucho más eficiente la distribución de ingresos por medio del impuesto a las ganancias que a través de impuestos al comercio exterior, que tienen costos enormes en materia asignativa, regional y sectorial”.
La política comercial define el conjunto de instrumentos por el cual la autoridad estatal afecta el intercambio de bienes y servicios no factoriales con el resto del mundo. Ellos son básicamente impuestos a las exportaciones e importaciones, o simultáneamente subsidios y restricciones cuantitativas, como las prohibiciones de importar o exportar, y las licencias subjetivas para superar dicha restricción.
Ambas medidas tienen generalmente su equivalente. Así, impuestos muy elevados de carácter prohibitivo se asocian a una restricción cuantitativa.
El caso de las licencias tiene una particularidad, porque allí se privatiza a favor del beneficiario el impuesto de carácter estatal, con las consecuencias distributivas y morales que se asocian inevitablemente a esa estrategia.
Una cuestión importante a reparar en el análisis es que los productos y servicios objeto de la política comercial no solo son bienes finales. La mayor parte del comercio implica insumos intermedios, y lo relevante es el incentivo dado a cada rama o actividad en su valor agregado, medido a precios internacionales.
Tratamientos diferentes al producto final que a los insumos pueden dar lugar a impuestos y subsidios magnificados o potenciados, medidos en términos del valor agregado, que serán varias veces superiores a los aranceles o impuestos nominales, aplicados a los bienes sujetos al nomenclador aduanero.
El primer objetivo de todo tributo es la recaudación de ingresos para el fisco. El peor impuesto es el que no recauda, ya sea por la elasticidad de oferta o demanda de la actividad gravada, ya sea por su fácil elusión o evasión. Ello en general induce a políticas tributarias en base a tasas impositivas bajas y homogéneas, como ocurre en Chile. Una comprobación estilizada del estudio de los patrones de desarrollo económico es que, a medida que los países se desarrollan, el peso de los tributos sobre el comercio exterior disminuye para ser reemplazado por impuestos domésticos menos restrictivos y distorsivos.
Los peores impuestos, símbolo de un gran atraso en este sentido, son las licencias de importación o exportación, ya que no recaudan, producen enormes distorsiones y son propios de regímenes feudales corporativos que otorgan privilegios a los grupos cercanos al poder.
El segundo objetivo de la tributación al comercio exterior es la asignación de recursos. Históricamente, la política comercial buscaba servir como un instrumento de segundo mejor, para compensar distorsiones previas.
El instrumento es imperfecto, y a medida que crece su magnitud, el costo de la distorsión en términos estáticos y dinámicos se vuelve enorme. Los subsidios crean artificialidad y una pérdida agregada neta, porque se transfieren recursos de sectores de alta productividad a actividades de baja productividad.
La oportunidad para el país son los precios externos, como para cada agente económico, en la vida social, son los precios que enfrentan para usar sus recursos. Usar precios mentirosos anula parte de las energías competitivas.
Otra razón de asignación de recursos sería aprovechar un poder monopólico en el comercio exterior. Ello no es relevante para el caso argentino, porque su capacidad de afectar demanda y oferta en el mercado mundial con una economía que es el 0,5% del PBI mundial, es baja. Aún en los bienes como la soja, donde pesamos significativamente, el peso en la demanda media es muy reducido. No olviden que importaciones y exportaciones es el saldo de la combinación de oferta y demanda agregadas a nivel mundial.
Otra razón invocada habitualmente es el propósito de mayor urbanización y actividad manufacturera a nivel agregado. Ello no siempre es conveniente, sobre todo si la mayor actividad aumenta el tamaño de las macrourbes, que expresa un serio problema asignativo de fuertes deseconomías de aglomeración, que es fácil de apreciar en la crisis de servicios estatales de seguridad, salud, educación, infraestructura y medio ambiente en el Gran Buenos Aires.
La mayor agregación de valor in situ es un fenómeno natural para evitar transportar material de desperdicios y agua, dominantes en las materias primas en bruto.
Las trabas para ese desarrollo lógico deben buscarse en subsidios cruzados, que muchas veces llevan a una concentración de la actividad en grandes urbes que es anormal desde el punto de vista económico.
Otro objetivo es el aislamiento del comercio internacional, tratando de establecer un patrón de conformación productiva ajeno del que implica la integración internacional. Para aislarse nada mejor que los impuestos al comercio exterior. Ahora, el costo es inmenso cuanto más pequeña es la economía y más idiosincrática es la dotación de recursos que dispone. Para simplificar la caricatura al lector, imagínese al municipio de La Plata aislándose del mundo. Peor aún sería un caso como el Alto Valle del Río Negro, con una composición de producción altamente comercializable.
Una forma de visualizar el costo de tal conducta ya señalada es reconocer que cuanto más pequeña una economía, mayor es la relación de comercio internacional a PBI. Puesto en términos más sencillos, como ya ejemplificamos si un municipio busca el aislamiento, su sufrimiento será tanto mayor que el del país. La división del trabajo requiere una dimensión mínima y en ello está el nivel de vida de una sociedad.
La otra explicación es la distribución del ingreso. Los impuestos al comercio exterior se trasladan a los factores productivos de una manera magnificada. Ahora bien, resulta mucho más eficiente hacerlo por medio del impuesto a las ganancias, que a través de impuestos al comercio exterior, que tienen costos enormes en materia asignativa, regional y sectorial, que en su caso la tributación directa no sufre como contraindicación, además de la ventaja social, política, republicana y moral de no discriminar, al estilo medieval y anacrónico, por el gremio productivo que se integra, o la región de producción.
