La suba en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, anunciada ayer por el Gobierno, beneficiará a unas 405.000 personas con mejoras de hasta el 3% en sus salarios de bolsillo, corriendo por detrás de la inflación real y de la propuesta que la oposición pretendía discutir en el Congreso.

El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, defendió el alcance de la medida, que se dictó por la vía de una resolución administrativa, por lo que deja dudas sobre la devolución del dinero ya aportado por los contribuyentes al fisco desde enero (se trata de un impuesto anual). Según expresó en una conferencia de prensa, "el 90% de los trabajadores en relación de dependencia ya no pagarán ganancias con esta reforma", que tiene un costo fiscal de $ 3245 millones de pesos anuales (lo que el Estado deja de embolsar).

Desde pasado mañana, cuando se publiquen las resoluciones de la AFIP en el Boletín Oficial, el mínimo no imponible pasará a $ 5782 para los trabajadores solteros y a $ 7998 para los casados con dos hijos.

El ministro de Economía, Amado Boudou, había informado también que la "carga de familia por cónyuge estaba en 12.000 y se va a 14.400 pesos; por hijo, estaba en 6000 y se va a 7200 pesos; las otras cargas, en general, de 4500 se van a 5400 pesos; y la deducción especial, en general, de 52.840 a 62.870 pesos".

Los bloques de la oposición indicaron -como lo detalló el diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat-Gay- que pretendían aumentar el mínimo en un 47%, acorde con la suba de la inflación medida por los institutos de estadísticas provinciales, que no repiten la manipulación de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, tanto los legisladores como los economistas y tributaristas consultados por LA NACION, afirmaron que el beneficio se ubica por debajo de los aumentos salariales pautados para este año. Por lo tanto, aunque Echegaray destacó que a priori bajará de 1.200.000 a 800.000 la cantidad de empleados que pagarán Ganancias desde ahora, el dato no toma en cuenta a quienes quedarán incluidos nuevamente en el pago del impuesto por la suba salarial.

El funcionario defendió la decisión presidencial, adoptada un día después de que el oficialismo no diera quórum a la oposición para tratar el tema en el Congreso.

"La adoptó la AFIP porque los diputados de la oposición no aprobaron el presupuesto y por lo tanto la Presidenta no pudo aprobar este cambio. Por eso la AFIP decidió hasta que el Congreso le dé un tratamiento serio, responsable y técnico. Hicimos lo que se puede hacer", sentenció.

Como el cambio no está reflejado en una ley, queda pendiente el esquema definitivo de las devoluciones (porque la AFIP sólo puede hacer diferimiento de los pagos dentro de un mismo ejercicio fiscal), tal como ocurrió con la modificación de Ganancias de 2010.

Ante una pregunta de LA NACION, Echegaray aclaró que, si el Congreso no aprobara la reforma este año, el organismo volvería a diferir el pago para que los contribuyentes no tengan una deuda brutal con el fisco en febrero de 2012. "Este es un gobierno peronista", buscó tranquilizar.

Por otro lado, el funcionario desechó los cuestionamientos de los especialistas que afirman que, sin un cambio en las escalas del tributo, la mejora en el mínimo pierde peso. "Ese puede ser el reclamo de un grupo muy chico de la población", minimizó el jefe de la AFIP.