UNOS días antes del comienzo de la cosecha de granos muchos productores agropecuarios están recibiendo inauditas cartas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la cual les solicitan diversas informaciones.

La AFIP procura saber la fecha y hora en que se realizará la cosecha de la superficie sembrada, la duración aproximada de la recolección, la cantidad de hectáreas sembradas, su localización, el nombre y número de teléfono de contacto de la persona responsable de la cosecha y, además, si se utilizará maquinaria propia o de terceros y, en este último caso, el nombre y CUIT del prestador del servicio.

Asimismo, solicita que esta información sea enviada por correo electrónico con una antelación no inferior a 48 horas.

La pretensión de la AFIP, además de insólita, muestra encono y un total desconocimiento de las actividades agropecuarias, las que están relacionadas con diferentes factores, tanto biológicos como climatológicos, además de los propios de la logística del sector.

¿Cómo hace un productor para avisar 48 horas antes del inicio de las tareas de cosecha, si para ello necesita saber si el grano está en óptimas condiciones para su recolección? No sólo debe constatar que haya poca humedad, sino que debe haber piso para poder recolectar, entre muchísimos otros factores.

Muchas veces, la inminencia de alguna inclemencia del tiempo -lluvia, estado de los caminos- puede adelantar las previsiones de cosecha, así como acelerar el tiempo de duración de la recolección, algo también muy difícil de predecir.

Por otra parte, se reitera el pedido de información en cuanto a la cantidad de hectáreas sembradas, las que debieron haber sido informadas previamente por los mismos productores, a fin de dar cumplimiento al régimen de información de capacidad productiva instituido por la misma AFIP y que se toma como base para la emisión de las cartas de porte.

En cuanto a la utilización de maquinaria de terceros, resulta casi imposible predeterminarlo, por cuanto los productores dependen de los contratistas rurales y de su organización, que muchas veces, bajo su responsabilidad, subcontratan las tareas de recolección, a fin de optimizarlas.

Precisamente, muchas veces, al depender de terceros para las tareas de recolección, es muy difícil precisar la fecha y hora del inicio de la recolección y, mucho menos, su duración.

Si bien la información solicitada por la AFIP se encuadra dentro de sus facultades de investigación, dado el contexto en que se ha implementado, ésta se inscribe dentro del marco de persecución que sufre el campo por parte de las actuales autoridades.

A su vez, la pena de exclusión del Registro Fiscal de Operadores de Granos para los productores que incumplan con el pedido de información es, además de absurda, excesiva. Incluso, la falta de precisión en las respuestas -propia de la incertidumbre causada por el tenor de las preguntas- puede llegar a recibir tal sanción, lo que constituiría otro claro abuso por parte de la administración.

Tampoco está claro el uso que le dará la AFIP a la información solicitada. ¿Acaso piensa mandar a inspectores a que controlen la cosecha? Estos pueden estar todo el día en un campo viendo cómo se cosecha, pero de allí a saber controlar rindes, peso, humedad y poder cuantificar el resultado económico hay un largo trecho.

Esos inspectores tampoco podrán saber con certeza si la totalidad del grano por recolectarse pertenece al productor o si un porcentaje le corresponde al contratista, y como este ejemplo puede haber cientos.

Los productores han iniciado la cosecha, tiempo esperado en el que culmina un ciclo productivo. En el momento de la recolección se presentan innumerables problemas de logística, como la disponibilidad de maquinarias y camiones, el estado de los caminos, el almacenamiento de granos, cupos en puertos y otros, que concentran los esfuerzos. Lo menos que necesitan los productores es tener que pensar en cumplimentar requisitos absurdos y de difícil o imposible cumplimiento. Para ello ya se han implementado otro tipo de controles, como los diversos regímenes de información o el STG en las cartas de porte.

La AFIP debe cesar con estas insólitas cartas que, por su tono, parecen prejuzgar actos evasivos por parte de los productores, cuando la realidad es diametralmente distinta.

Se trata de una nueva agresión al campo, como lo es el reciente intento del Gobierno de dividir a la Mesa de Enlace impulsando proyectos como el de otorgarle a las cooperativas un porcentaje de la comercialización de granos.

El campo contribuye fuertemente a las arcas públicas y sólo necesita trabajar, en paz, para cumplir con el objetivo de lograr el máximo de productividad posible. Ello siempre será en beneficio de toda la población.