EL desempeño del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, excede toda razonabilidad al dar lugar a importantes perjuicios al bienestar colectivo. El funcionario ha sido actor principal en vastas áreas del quehacer nacional desde el comienzo de la gestión kirchnerista, pródiga en decisiones de cuño intervencionista y populista.
Uno de los casos más conocidos y desdichados es su intervención en el Indec, destinada a dibujar desde 2007 una inflación oficial del orden del tercio de la que reportan los organismos provinciales, en perjuicio de los enflaquecidos bolsillos de la población de menores ingresos. Ahora, las consultoras privadas, a cambio de su contribución a la verdad, recibieron inconsultas denuncias seguidas de abultadas multas que violan los derechos y las garantías contemplados por la Constitución Nacional.
A partir de 2005, Moreno comenzó a batallar contra el campo, interviniendo en el Mercado de Liniers y denunciando maniobras inexistentes para luego fijar "precios de referencia" para el ganado vacuno y su producción de carnes. Continuó con la prohibición de exportar, la asignación de cuotas, el otorgamiento de licencias de exportación, los límites de peso de los animales y otros arbitrios que, sumados a la sequía de 2008 y parte de 2009, redujeron el plantel nacional en 8 a 10 millones de cabezas, con el consecuente aumento de los precios del ganado y sus carnes.
La pretendida mejora del precio de la carne para la población terminó así en escasez y la duplicación de sus precios. El tambo sufrió sus embates, mientras que sus productores, a pesar del fracaso de los controles establecidos aquí y en el mundo, deben concurrir a sus oficinas, como si fuera un zar, para lograr una aprobación siempre verbal, requisito imprescindible para poder vender sus productos a los supermercados.
Con estas prácticas funciona hoy buena parte de los mercados de alimentos. El Mercado Central de Frutas y Hortalizas de Buenos Aires ha estado bajo severos controles durante años, con el añadido de una golpiza al director por la provincia de Buenos Aires, que fue relevado de sus compromisos con el propósito de preservar su integridad física. Un ex presidente del Mercado renunció a raíz de amenazas recibidas por su familia, mientras que ahora la defenestrada directora del área de precios al consumidor, Graciela Bevaqua, denuncia actos de persecución.
El cultivo de trigo ha sido dañado por la fijación reiterada de cuotas de exportación, destinadas a desdoblar el consumo de las ventas externas con el propósito de preservar la mesa de los argentinos de las altas cotizaciones externas del cereal. En cuanto al comercio exterior, materia ajena a su responsabilidad, se conoce a Moreno como autor de restricciones a las importaciones de alimentos y otros productos que recibieron contundentes respuestas de China, Brasil y la Unión Europea. Se vio obligado en parte a volver atrás, pero ahora renacen, en términos y productos diferentes, en manos de la ministra Débora Giorgi.
Una gran diversidad de programas fracasados total o parcialmente, nacidos con el sello de Moreno, intervinieron en la papelera Massuh y tantos otros mercados. Moreno blande a menudo en sus atropellos las atribuciones de la vieja, inconstitucional y derogada ley de abastecimiento, procedimiento que suele darle frutos de corto plazo, por cuanto las empresas retroceden ante el temor de afrontar represalias y también costosas y dilatadas acciones judiciales.
Ante reclamos de la producción yerbatera, el secretario trató de mentirosos a los yerbateros misioneros. Les dijo que ni "mamado" iba a aceptar sus reclamos mientras trataba al gobernador de la provincia, Maurice Closs, de "el gordito" y le recocomendaba "que venga caminando si quiere hablar conmigo".
Días después, ante una nota de Maizar, la entidad representativa de la cadena maicera, que criticaba la aplicación de restricciones cuantitativas a las exportaciones del cereal, Moreno comenzó una reunión con violentos puñetazos en la mesa y juicios despreciativos contra el presidente de la entidad rural, entre otros exabruptos.
Terminó con el pedido de los teléfonos de los demás miembros de la entidad, a los cuales llamó para incitarlos a renunciar a la institución. Esa insólita presión ya había sido practicada con la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
Cabe preguntarse qué razones asisten a la presidenta de la Nación para mantener en su gobierno a un funcionario autoritario que compromete no sólo su prestigio, sino también el de la Argentina.