Mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió disolver la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), uno de los organismos del Estado más sospechados por actos de corrupción y falta de transparencia en la administración kirchnerista.

Su reemplazo por una Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno, que estará a cargo del ministro de Economía, Amado Boudou, abre el interrogante respecto de si la decisión significa ponerle un freno a la influencia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en temas de política agropecuaria, o si se trata de una medida cosmética, destinada a robarle una bandera política a la oposición en un año electoral.

En el decreto 193, que da origen a la nueva unidad, se establece que a Boudou lo acompañarán los ministros de Industria y Agricultura, el Secretario de Comercio Interior y el titular de la AFIP. Precisamente, el actual responsable del organismo recaudador, Ricardo Echegaray, presidió la Oncca entre abril y diciembre de 2008. En su paso por el organismo, el funcionario cosechó una causa en la Justicia en la que se investigan irregularidades en el pago de subsidios a feedlots (establecimientos de engorde a corral), que estarían vinculados a familiares suyos. También durante la gestión de Echegaray, en pleno conflicto con el campo, se tomaron las medidas más controvertidas para frenar las exportaciones del agro.
Pero además de la permanencia de Moreno y Echegaray en el organismo que reemplaza a la Oncca, en el mismo decreto se asegura que continuarán los subsidios a la agroindustria y los Registros de Operaciones de Exportación (ROE).

Desde 2007 hasta este año, la Oncca otorgó compensaciones por poco más de diez mil millones de pesos que, en un 70%, se concentraron en la industria frigorífica, la molinería, los procesadores avícolas y los feedlots. El propósito, supuestamente, era desacoplar los precios internacionales de los granos con los que debían pagar los industriales en el mercado interno para evitar el impacto negativo sobre el índice del costo de vida.

Con los ROE, el Gobierno abre y cierra el grifo de las exportaciones de granos, carne y lácteos de manera arbitraria y, según denuncian los empresarios del sector, a menudo poco transparente.

En el medio de la sorpresa que causó la medida, la mayoría de los ruralistas, con excepción de Federación Agraria, dudaban de que la decisión conocida ayer se tratara de un cambio de fondo. Decían que había que esperar los próximos pasos.