El conflicto por el trigo preexiste a la pelea de las retenciones móviles y es
básicamente una puja por el ingreso entre los distintos actores de una cadena de
negocios. Como en el caso de la carne y de la leche, el gobierno nacional
decidió intervenir desde hace unos cinco años en esa disputa, a favor de la
agroindustria.
En su origen, esta política coincidió con el argumento oficial de frenar la presión inflacionaria del mercado externo de alimentos sobre el consumo local. Eran tiempos en que infructuosamente el gobierno intentaba que las entidades del agro se comprometieran de buenas maneras en los acuerdos de contención de precios. No tuvo éxito.
El cierre de exportaciones y el freno al precio de la materia prima fue la vía más rápida para disciplinarlos y trancar en un punto de la cadena la escalada inflacionaria. Cualquier índice de precios que no sea el del Indec desnuda que ese objetivo quedó lejos hace mucho tiempo. Por el contrario, la dinámica de la intervención oficial responde ahora más bien a consolidar una burguesía que alimenta su crecimiento con el sistema de subsidios, compensaciones y transferencias creado en los últimos años. No es una estrategia estrambótica.
Es habitual que los Estados promuevan el desarrollo de determinadas empresas y actividades. En todo caso, la diferencia la marca la discusión pública sobre esa decisión. En el caso del trigo, como el de los alimentos en general, la alternativa al libre mercado o a las mesas chicas de distribución de cupos y subsidios sería una junta reguladora. Herramienta que permitiría, además, desarrollar un conjunto de políticas activas de diversificación de sujetos agrarios, contra el desplazamiento que sufren hoy los pequeños productores.
Ese paso requiere un grado de institucionalización que no parece estar en la agenda. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, había sugerido en algún momento trabajar en un instrumento de regulación. Lo hizo en sintonía con la Federación Agraria, en algunos momentos en los que coquetearon con una discusión política distinta.
Desde que asumió, el jefe de la cartera agropecuaria desarrolló un trabajo fino de acercamiento con distintos sectores del complejo alimentario, basado en dos premisas: diferenciar las problemáticas técnicas de las políticas y eludir el diálogo corporativo con la mesa de enlace. Esta semana ese camino se interrumpió.
El poder de veto del secretario de Comercio Interior y la urgencia política del ala dura de las gremiales agropecuarias se combinaron para esmerilar al funcionario, y lo bajaron la gira presidencial. Así, un problema netamente sectorialentró en el formulario del conflicto de la 125.
La lógica de confrontación entre el gobierno y el campo es una apuesta de acumulación que hacen distintos actores políticos y económicos. El punto es dilucidar si la batalla del trigo puede ser una nueva 125. No daría esa impresión, a primera vista.
Pero las consecuencias de la primera batalla del verano está atada a la sucesión de los distintos frentes de conflicto que se abren en el horizonte. Pequeños campos de agitación en los cuales anidará la disputa política en el año electoral.
Desde el punto de vista del gobierno nacional, el factor de riesgo no es el reclamo por el trigo sino ese reclamo en un contexto de una sequía que amenaza la “campaña gruesa”, con todo lo que ello implica, y el propio estímulo que les da a los precios internacionales de los commodities, fuente a su vez de una inflación importada que sumará tensión a la puja interna de precios.
Una puja que no tuvo vacaciones y que se aceleró en enero con los aumentos “preventivos” de las grandes firmas de insumos industriales, las corridas de declaraciones por las paritarias del sector público, las discusiones por el pago de sumas “puente” para llegar a las negociaciones de marzo y los vaivenes del pacto social. Un escenario de “conflictos de baja intensidad” que pueden o no juntarse.
