En 2008, el gobierno de Tierra del Fuego, a cargo de Fabiana Ríos (ARI), firmó un acuerdo con la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química (TDFEyQ) para la construcción de una planta industrial de metanol en Río Grande.
Lo que parecía la mayor inversión de la historia de la Isla –los asiáticos habían anunciado u$s 800 millones en tres años– se convirtió en una polémica mayúscula.
La empresa TDFEyQ decidió dejar el metanol para otro momento y producir urea –un fertilizante muy utilizado en la producción de soja–. Pero el acuerdo por parte del estado provincial seguía intacto: Tierra del Fuego le entregaría gas desde el primer día del acuerdo a un precio diferencial de u$s 1,80 por millón de BTU, cuando en el mercado ronda los 5 dólares. Aquí la oposición denunció que como no tiene necesidad de utilizar el gas –la planta estará lista a los 24 meses–. La oposición dice que la empresa podría aprovechar el precio diferencial para exportarlo, operación que está prohibida. Desde la empresa aseguran que no van a exportar, pero no brindan muchos detalles sobre qué harán con el gas durante los dos años de construcción. Entre los que objetan el proceso están: la diputada Liliana Fadul, del Partido Federal Fueguino –que juntó 20.000 firmas en contra del proyecto–; y el legislador Damián Löffler, del Movimiento Popular Fueguino. La gobernadora Ríos criticó a las diputadas por “trabar el desarrollo” provincial. Ahora queda que la Legislatura provincial apruebe o no el acuerdo.
