En seguida, Príncipe agregó: “Estamos impulsando en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para poner un freno a los desalojos en todo el país, que debería tratarse con urgencia. La iniciativa fue presentada por el diputado Jorge Cardelli, de Proyecto Sur. Sin un marco legal adecuado, la situación de los campesinos seguirá siendo muy difícil”.
El doctor Pablo Muratore, que representa a los pequeños productores de Agua Amarga, señaló: “El fallo de la jueza Falco, titular del Juzgado del Crimen de V Nominación, es una buena noticia después de cuatro meses de horror”. Cabe recordar que en julio pasado hubo una incursión de personas armadas en los puestos de los campesinos. “En los últimos meses hicimos siete denunciar penales. Denunciamos a estos personajes por los delitos de usurpación, portación de armas, amenazas, hurto de ganado. Los chicos de la zona ya no pueden ir a la escuela, porque son intimidados permanentemente, con tiros al aire de esta gente. Dijimos ante la Justicia que el señor Roger Amílcar Navarro, alias ‘Chasquilo’, está al frente de esta banda, y según sus propias palabras lo hacía en representación de la empresa Agro Avance S.A., comercializadora tucumana de agroquímicos”, agregó Muratore.
MÁS DATOS SOBRE LOS PRODUCTORES DE AGUA AMARGA:
La población del paraje Agua Amarga, conocido ancestralmente como el AMASUYO (último bastión Inca en la región chaqueña) resiste por cuarta vez en el año el intento de usurpación de sus tierras a manos de bandas armadas, que responden a intereses de empresarios tucumanos y operan con la complicidad policial y judicial.
Esta población originaria de campesinos del Chaco Santiagueño, compuesta de mas sesenta y cinco familias, hasta hace cinco años atrás convivían pacíficamente en medio de un monte espeso criando bovinos y caprinos a monte abierto en una extensión de ocho mil hectáreas, con más de trece puestos ganaderos con sus potreros y represas hasta que irrumpieron los dichos “dueños”, tenedores de papeles. En ningún caso, estos tenedores de papeles recurrieron a la Justicia Civil ya que se enfrentarían a procesos en los que probablemente queden desbaratados sus títulos.
