En el día de hoy se reunió, en Buenos Aires, la Comisión nacional de semillas de Federación Agraria Argentina, en la que estuvieron presentes los dirigentes rurales Eduardo Buzzi, Omar Barchetta, Dr. Jorge Solmi y Julio Currás, Omar Príncipe, Dr. Guillermo Giannasi, Alfredo De Angeli, dirigentes, funcionarios y asesores de FAA, y representantes de CAFER y AFA.
 
Luego de un profundo análisis sobre el proyecto de modificación de la Ley de semillas y creaciones fitogenéticas Nº 20.247, que se está trabajando en el ámbito de la Comisión Nacional de Semilla (CONASE), la Comisión aprueba la siguiente declaración:

“Valoramos y alentamos que la Argentina procure aumentar la competitividad del sector agrícola mediante una mayor evolución de los eventos biotecnológicos y desarrollo de germoplasmas nacionales. Pero a la misma vez expresamos que no vamos a convalidar que se logre este objetivo con el “sacrificio”, eliminación o limitación del derecho del pequeño y mediano agricultor al uso propio gratuito de semillas”, expresaron a través de un comunicado.

Aseguraron estar convencidos de que se puede “lograr mayor crecimiento, competitividad sin mutilar la equidad, como sería el caso de que los agricultores se conviertan en “inquilinos” de sus semillas”. “En este sentido proponemos NO modificar el sistema legal argentino compuesto por la actual ley de semillas, la adhesión al acta UPOV `78, cuando estén inspiradas solamente en restringir los derechos de los agricultores y a desvirtuar el actual sistema legal”.
 
Además, manifestaron que es función del Estado garantizar los instrumentos de control y fiscalización, el cumplimiento del marco jurídico citado, “reconociendo que la informalidad del mercado de semillas del país es la principal causa de los diferentes problemas que padecen los distintos eslabones de la cadena semillera”.
 
“Entendemos que antes de embarcarnos a cualquier intento de modificación de la legislación actual, debemos primero hacer cumplir el sistema legal vigente a través de una firme y clara decisión política. Por esto, solicitamos en forma urgente la constitución del Directorio Instituto Nacional de Semillas (INASE), con el suficiente presupuesto, fortaleza institucional y descentralización para el debido cumplimiento de su rol fiscalizador”.
 
Por último, propusieron políticas públicas “que impulsen una mayor soberanía y desarrollo nacional en variedades y eventos tecnológicos, que fortalezcan la investigación publica y privada nacional y aseguren el acceso a tecnologías a todos los pequeños y medianos productores. En este punto creemos que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y los criaderos argentinos deben cumplir un rol determinante para la generación de desarrollo, competitividad y equidad”.