La dureza con que se está desarrollando la puja interna en el PJ para elegir la fórmula presidencial reflotó el proyecto de ley de lemas que impulsa el senador santafecino Oscar Lamberto. La inicitiva ya generó tal polémica en el ámbito político que es probable que la Justicia termine dirimiendo si es válido aplicarlo, con lo que los jueces tendrán una intervención decisiva en el resultado de los comicios.

La probabilidad es el escenario más temido y menos deseado por los jueces. "Los temas políticos deben resolverse en el terreno político y no deben judicializarse las elecciones", repiten varios jueces y funcionarios federales con competencia electoral. "Espero que este proyecto no pase el Congreso", confió a LA NACION otro magistrado.

Es probable que el Congreso Nacional nunca llegue a aprobar esta ley, pero si lo hace y los jueces deben pronunciarse, hay un dato que permite prever cuál podría ser su sentencia: son muchos los constitucionalistas que sostienen que la ley de lemas es abiertamente inconstitucional.

Si bien el presidente Eduardo Duhalde rechazó la ley de lemas y acordó con los senadores del PJ durante una reunión ayer, en la quinta de Olivos, avanzar en el programa original, que prevé que el 24 de noviembre se vote con el padrón general en las elecciones internas abiertas y simultáneas.

Hace dos meses, el Congreso aprobó la ley de elecciones internas abiertas, pero el menemismo, incluso con una presentación judicial que hoy casi olvidó y no volvió a impulsar, cuestionó los decretos que dictó el presidente Duhalde para reglamentarla. Por eso, varios legisladores propusieron dirimir el conflicto interno del justicialismo aplicando, por única vez, el sistema de ley de lemas.

El gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, salió a avalar esta iniciativa que, por el contrario, fue rechazada por muchos otros políticos. Ayer, la diputada Elisa Carrió (ARI), el senador Carlos Maestro (UCR) y diversos voceros del menemismo coincidieron en objetarla.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que siempre se manifestó en favor de realizar comicios internos abiertos, dijo que está dispuesto a ir a elecciones "de cualquier forma". En cambio, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, opinó que "si no se reforma la Constitución nacional, no se puede aplicar".

Punto por punto

¿En qué consiste la ley de lemas? El proyecto no es distinto de los que se impulsaron en otras oportunidades:

Cada partido (lema) presenta en la primera vuelta una o varias líneas internas (sublemas). Por ejemplo, todos los candidatos del PJ se presentan a competir. La gente vota al sublema (los candidatos de alguna de las líneas internas) que prefiere.

¿Cómo se suman los votos? El candidato más votado se lleva los votos de todos los demás candidatos de ese partido (lema). Por eso, los votos emitidos por muchas personas en favor de sus candidatos terminan por favorecer a otro candidato.

El artículo 98 de la Constitución nacional dice que gana la elección, en la primera vuelta, la "fórmula" de candidatos que haya obtenido el 45 por ciento de los votos (o el 40 por ciento de los votos y 10 puntos de diferencia sobre el segundo).

Es decir, la Constitución dice que la gente no vota un partido, sino una fórmula de candidatos. Por el contrario, el proyecto de ley de lemas dice que "resultará elegida la fórmula del lema" que haya obtenido más el 45 por ciento. Es decir, el cómputo se hace por partidos, no por candidatos. Así, puede ocurrir que un partido que tiene muchos sublemas reúna, sumando los votos de todos sus candidatos, más del 45 por ciento. Entonces, el presidente sería el candidato más votado -quizá apenas con el 15 o 16 por ciento- de ese partido.

Opiniones

Más allá de lo que establece la Constitución, parece difícil que un candidato que obtuvo un porcentaje tan bajo de votos, convertido en presidente, pueda gobernar.

"El mecanismo de la ley de lemas es inconstitucional. No tengo dudas. La Constitución dice que el cómputo se hacer por fórmulas, no por partidos. La ley termina tergiversando la voluntad de la gente, que elige a un candidato y sus votos terminan en mano de otro para el que, probablemente, no tienen simpatía alguna", opina el constitucionalista Germán Bidart Campos.

El constitucionalista Daniel Sabsay coincide: "La gente, para la Constitución, vota a candidatos. Y esto, en la realidad, es así. Los ciudadanos, a la hora de votar, tienen en cuenta a las personas que son candidatos, en sus cualidades. Se fijan en eso. La ley de lemas, en cambio, considera que los candidatos son circunstanciales y que la gente vota partidos y, esto, no es cierto. A todos les importan las personas".

El proyecto también establece que si ningún lema (partido) reúne esos porcentajes, habrá segunda vuelta.

¿Quiénes son los candidatos que pasan a la segunda vuelta? "Participarán las fórmulas que representen a los dos lemas (partidos) más votados en la primera vuelta", dice el artículo 12 del proyecto.

Este sistema parece incompatible con la Constitución. "Creo que sería mucho más aceptable que cada partido presente a muchos candidatos, pero sin aplicar la ley de lemas. Y que sólo los dos candidatos más votados pasen a la segunda vuelta. Esto es más fácil de entender para la gente y no es inconstitucional", dice Sabsay. Sólo sería necesario que el Congreso reformara el Código Electoral.

Por ahora, la única presentación que existe en la Justicia es la que hizo Carlos Menem contra el decreto 1397/02, por el que Duhalde permitió que los partidos con lista única no se sometan a las internas abiertas que establece la ley 25.611, que es la norma que ahora está vigente.

Después de una semana, la jueza María Servini de Cubría no le envió el expediente aún al fiscal Jorge Di Lello. No responde a negligencia, sino a la intención de que los políticos solucionen el debate en el plano político.

Los problemas son dos. Por un lado, los jueces deben confeccionar los padrones y todavía no está claro cómo se va a votar.

El otro, cualquier resolución que adopten los magistrados será interpretada por los políticos y la gente en el sentido de que quieren beneficiar a un político o perjudicar a otro.