En Europa, las cadenas de supermercados sienten la presión de los consumidores para que en las góndolas no haya productos que provengan de zonas donde se deforesta irracionalmente o se maltrata a los animales. Guste o no, es la realidad que se impone.
La soja, principal producto de exportación del país (31 por ciento), también entró en la mira de esa exigencia. Su crecimiento exponencial (más del 50% del área sembrada con cultivos corresponde a la soja) obliga a extremar los recaudos para el uso responsable de la aplicación de productos fitosanitarios, según sostienen los especialistas. Uno de los motivos principales de esta preocupación es que las fronteras entre zonas rurales y urbanas son cada vez más estrechas.
Cuando se analizan los efectos del uso de agroquímicos, los expertos recomiendan dividir el debate entre las características de los productos y su aplicación.
Sobre el primer punto, los agricultores y la agroindustria afirman que el glifosato, el herbicida más utilizado en la agricultura, si se lo aplica correctamente, no ofrece riesgos, según la categorización de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, en sus siglas en inglés). Sin embargo, temen que cuando se elabore una norma que regule su utilización se lo haga con criterios emocionales y no científicos. En cuanto a la aplicación, muchos productores que forman parte de entidades técnicas, como la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), desarrollan programas de Agricultura Certificada, que alientan un uso responsable de los agroquímicos. También lo hacen las cámaras industriales y los aeroaplicadores. Además, la mayoría de las provincias tiene legislaciones sobre el tema, aunque, según reconocen los propios productores, no se aplica el poder de policía correspondiente para frenar el uso irresponsable de estos productos.
