La Argentina es una exportadora neta de ese combustible y, sin embargo, lo importó desde Venezuela por valores cercanos a los 2000 millones de dólares durante seis años (en el período 2004-2009). Las operaciones se hicieron a través de una intermediaria internacional, Glencore, con sede central en Suiza y oficinas en Buenos Aires y Caracas. El representante de Glencore en Venezuela es Roberto Wellisch, la misma persona que preside Palmat, la otra intermediaria que se ocupaba también de abrir las puertas venezolanas para las exportaciones argentinas de maquinarias agrícolas.

La Argentina necesita importar fueloil sólo durante los meses de invierno (entre junio y septiembre) para generar electricidad cuando escasea el gas. Otra cosa anormal sucedió en 2007. En ese año, el ministro Julio De Vido fue nombrado presidente de Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico. Cammesa es la contraparte argentina, en el tema del fueloil, de la venezolana Pdvsa. El Estado tiene sólo un 20 por ciento de las acciones de Cammesa; el 80 por ciento restante de las acciones está en manos de agentes generadores, de transportistas, de distribuidores y de grandes usuarios de electricidad.

Es cierto que la presidencia de Cammesa la ejerció siempre el representante del Estado en la compañía, pero no un ministro de la Nación. Es llamativo también que junto con De Vido desembarcaran en Cammesa su principal operador, Roberto Baratta, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Los tres comenzaron a manejar la empresa, según varios testimonios, sin respetar las normas establecidas en sus documentos fundacionales. "Empezó un manejo discrecional de la compañía y la transformaron en un instrumento funcional al Gobierno, como ya había ocurrido o estaba por ocurrir con el Enargas, el Indec y la Anses", subrayaron aquellos testigos. Típico estilo de esos tres funcionarios argentinos, aunque unos sean más explícitos que otros.

La Argentina importó cerca de cinco millones de toneladas de fueloil venezolano en esos años por valor de 1700 millones de dólares. Aunque las exportaciones totales de fueloil de la Argentina en ese mismo período fueron de más de 8 millones de toneladas, el dato más significativo es que exportó 3.200.000 toneladas en los mismos meses que importaba fueloil venezolano.

Si el país hubiera utilizado su producción nacional para el consumo interno durante los inviernos, sólo habría necesitado importar 1.600.000 toneladas de fueloil para generación eléctrica, aunque según varios expertos esas importaciones no debieron superar nunca, si se incluían mejoras productivas y logísticas, el millón de toneladas. Es decir, sólo un tercio de lo que se le compró a Venezuela.

La contradicción más apabullante aparece cuando se observa lo que sucedía con Chile en esos mismos años. La Argentina redujo al mínimo las exportaciones de gas al país trasandino, que entonces era un dependiente exclusivo de las importaciones argentinas, con el argumento de que el país debía usar su producción nacional para alimentar el mercado interno. A Chile, un país donde los negocios poco transparentes son infrecuentes, se la aplicaba la ley de la necesidad nacional argentina. Venezuela se beneficiaba, en cambio, de una ley más laxa: se importaba en los mismos meses en que se exportaba.

Lo cierto es que la Argentina depositó en el fideicomiso argentino-venezolano 1700 millones de dólares innecesarios y que el intermediario fue el misterioso empresario Wellisch, titular de las dos Palmat. La primera funciona en Miami y la segunda, creada después del escándalo de la valija de Guido Antonini Wilson, tiene sede en Panamá.

Según los expertos, de haberse importado lo estrictamente necesario, la Argentina no debería haber pagado más que un monto de entre 400 y 500 millones de dólares. De acuerdo con esos conocedores del mercado, estas cifras se habrían reducido en un 20 por ciento si se hubiera comprado bien y de acuerdo con los valores internacionales. Dicho de otra manera: la Argentina contribuyó innecesariamente al fondo de fideicomiso del que disponía Palmat con valores comprendidos entre los 1200 y los 1300 millones de dólares.

Negocios colaterales

Hubo también algunos negocios colaterales menores; fueron producto del mal manejo de la recepción en puertos argentinos de los embarques de fueloil venezolano, que provocaron sobreestadías y devoluciones. De hecho, en 2004 Venezuela hizo un reclamo que generó un pago adicional de la Argentina por 13 millones de dólares. Esa cifra se pagó en 2005 mediante una resolución del Ministerio de Planificación.

Poco antes de la firma del acuerdo entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez, las refinadoras locales le habían ofrecido al gobierno cubrir la demanda de fueloil en las usinas eléctricas, durante la temporada invernal, con importaciones a precios hasta un 25 por ciento menores y con calidad ambiental superior a la que ofrecía Venezuela. El Gobierno no aceptó esa propuesta. Es otro argumento para la sospecha de la compra forzada de combustible venezolano que serviría para alimentar el famoso fideicomiso.

Para importar fueloil venezolano, el gobierno argentino debió cambiar una resolución que fijaba los límites de contenido de azufre para el consumo interno. Lo llevó del 0,7 por ciento, vigente hasta entonces, a casi el doble. El azufre es veneno para la conservación del medio ambiente. La explicación de los expertos es que un fueloil de menor calidad permitía mayores márgenes de utilidades para las intermediarias. El costo era igual o superior al fueloil de mayor calidad.

Todo eso formó parte del fideicomiso que permitió la compra venezolana de maquinaria agrícola, negocio en el que también se habrían pagado coimas. Estas fueron denunciadas por el entonces embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, quien señaló como testigo al productor agropecuario Eduardo Cavanagh. Este testigo fue citado ayer a declarar por el juez Julián Ercolini. Un homónimo de Cavanagh hizo declaraciones públicas en defensa del gobierno argentino, pero no se trata de la persona convocada por el juez.

Otro juez, Daniel Petrone, esta vez en lo penal económico, citó también al embajador Sadous para escuchar su testimonio. Suena a sobreactuación. Petrone es el magistrado que lleva hace varios años, arrastrando los pies, la causa por la valija de Antonini Wilson. Esa valija pletórica de dólares llegó al Aeroparque en agosto de 2007. Sadous se había despedido de su destino en Caracas a fines de 2005, casi dos años antes. Es razonable suponer que lo que Sadous puede aportar es poco. O nada.

Miami es lo único que une a Antonini Wilson y el actual escándalo por la venta de maquinarias agrícolas y la compra de fueoil. Antonini Wilson y Wellisch tienen sus oficinas centrales en esa ciudad norteamericana. Una conclusión es más rara aún que todo lo anterior: los líderes progresistas latinoamericanos proponen la revolución en sus países, pero acumulan formidables cantidades de dólares en los Estados Unidos.