Los trapecistas pertenecen al circo, y cuando ese estilo penetra la política ella misma se transforma en un espectáculo circense. Hay mucha desvergüenza en estas piruetas, pero si se olvida el sistema en que se inscriben estas actitudes entonces no se entiende nada.
En estos últimos cinco meses ha funcionado a la perfección el sistema gracias al cual las provincias hacen las veces de sucursales de la casa matriz del Poder Ejecutivo Nacional. El dicho popular denomina a este sistema "la caja". Sistema primitivo, forjado al influjo de quien ha sabido acumular dinero tanto en el orden público como en el privado, "la caja" es un aparato de disciplinamiento que vacía la autonomía de representación de las provincias en el Congreso. Con una coparticipación automática que oscila en torno al 30% del total de recursos, cuando debería tener al menos veinte puntos más, el federalismo es una máscara que encubre el engranaje de prestaciones directas mediante favores, premios y castigos.
Cuestión decisiva: como los gobernadores no son autónomos, al partido opositor que controla una provincia le quedan tres caminos: el de la sumisión que los lleva a convertirse en satélites del Príncipe (Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del fuego, Neuquén, ahora Corrientes); el del difícil trámite de mantener independencia sin romper lanzas (por ejemplo, Santa Fe o Chubut), o el padecimiento de la agresión sistemática, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires, más allá de los propios (y serios) errores cometidos. La única provincia que ha resistido en este tercer camino es San Luis.
Este juego sin reglas ni árbitros denota una estrategia para tener en cuenta. El arte de la manipulación del poder se ha consumado en el interregno que culminará el 10 de diciembre hasta el punto de que los trasvasamientos de bancas, condenados a simple vista como hechos excepcionales, han revelado ser apenas la parte visible de un aceitado engranaje. Aquí la tienen: es una vasta articulación de rumbeadores de la política, en busca del favor oficial, que se engarza con la antigua tradición de captar adversarios para sumarlos a una estructura de subordinación. Nada más alejado del ideal de una política de partidos basada en coaliciones de gobierno públicas y duraderas.
Habría que preguntarse si este sistema podrá conservar después del 10 de diciembre la vitalidad que ha mostrado hasta el momento. Desde la ley de medios hasta las leyes fiscales de emergencia prolongadas por dos años, todos estos instrumentos han sido votados a un ritmo frenético, sin dar respiro. Lo mismo probablemente acontezca con el proyecto de ley de partidos políticos.
Una primera respuesta, tal vez esbozada con premura, diría que ese sistema no perdurará: en pocos días se perderá la mayoría que respalde la hegemonía del PE en el Congreso; en pocos días los nuevos legisladores asumirán sus bancas en tanto representantes de la oposición en sus respectivas provincias. Sin embargo, siempre hay un pero, las condiciones fiscales del unitarismo de hecho no perderán a corto plazo su innegable poder de atracción. Los sueldos deben pagarse a fin de mes y si no, véase el rol ambiguo del peronismo disidente en una provincia de la importancia de Córdoba.
El punto consiste en saber, por consiguiente, a cuánto podría ascender el número de esa reserva de representantes prontos a ser captados. ¿Quién esperaba el salto de liebre que tuvo lugar en Corrientes? Prácticamente nadie. Con lo cual es a todas luces evidente que el factor sorpresa seguirá haciendo de las suyas. Este factor es proporcional al dinero de que dispone sin más trámite el Poder Ejecutivo Nacional. La caja, más que una metáfora, adopta en este sentido un significado material. El dinero no es virtual; existe y está a disposición. Es curioso cómo el concepto de dinero líquido se ha plasmado en el país como un nuevo signo del comportamiento político.
La oposición tendrá pues que actuar en un terreno minado por el sistema que acabamos de describir. Difícil pero posible, esta tarea podría llegar a buen puerto en la medida en que se mantenga un núcleo irreductible a los cantos de sirena provenientes del palacio de Olivos. Es una acción proporcional a los cargos legislativos que no están ligados al interés de supervivencia de un gobernador. Según esta perspectiva, la ventaja es tributaria del hecho de que la mayoría de los diputados y senadores electos son opositores a las situaciones imperantes en sus provincias. Cuando no es así, tenemos el caso de Corrientes.
Si fuese posible de consolidar este escenario, levantaría vuelo una disputa de poderes aún ausente en el país. Lamentablemente, este parece ser el único lenguaje que entiende el Gobierno: el lenguaje de las razones del poder dondequiera que éstas se encuentren o estallen. Por eso, el oficialismo teme tanto al poder de la calle; por eso, el oficialismo consume tanto dinero en captar piqueteros, disolviendo así el amenazante rostro de una democracia callejera sin cauce institucional ni fines comunes aptos para poner en marcha las metas del desarrollo en estos años del Bicentenario.
El Gobierno bien sabe lo que aquí está en juego: el ascenso de un nuevo corporativismo piquetero que, como previamente los sindicatos, se ha lanzado en busca de recursos otorgados por el Estado: antes fue el reconocimiento del sindicato único por rama de producción (hoy impugnado en nombre de la libertad sindical); ahora es la administración de los planes sociales que el Gobierno otorga o deriva hacia otras instancias, acaso más afines, como las intendencias en el Gran Buenos Aires.
En este doble proceso de pinzas habrá de ubicarse el Poder Ejecutivo. Desde arriba sufrirá el acoso de un Congreso cuya disciplina opositora puede ser erosionada por el sistema de dádivas y recompensas para captar aliados; desde abajo sufrirá la presión de unas organizaciones que, cualquiera sea la posición que ocupen en la estructura social, arremeterán sobre el espacio público para hacer valer sus exigencias.
A esta impasse nos ha conducido la política de confrontación vaciada en el molde hegemónico. Esto explica por qué durante estos meses el Gobierno adoptó la táctica de la guerra defensiva acaparando munición con urgencia: leyes para prescindir del Congreso hasta finales del mandato de la actual Presidenta; dinero para amortiguar los dardos de la protesta y, de paso, controlar a los presuntos enemigos (los fondos secretos de la SIDE aumentaron su presupuesto para este año en más de un 50%, hasta un monto de 514 millones de pesos).
Contradice al ánimo instituyente emplear una terminología bélica de esta naturaleza. Desgraciadamente es así, porque estas palabras aluden a un temperamento agonal tan distante del espíritu que debería animar a la democracia republicana. Esta forma de gobierno no concibe al disenso y al consenso como valores mutuamente excluyentes. Supone al contrario, una combinación de ambos en dosis variables con vistas al bien general de la ciudadanía. Por haber apostado a toda costa al disenso estamos en esta encrucijada, a mitad de camino de un período constitucional, y a la espera de un cambio de orientación.
