Desde 2003, los Kirchner lanzaron casi una decena de teorías conspirativas. Ninguna de las acusaciones tuvo su correlato judicial. Los funcionarios prometieron investigar y entregar pruebas, pero todo quedó en el olvido.
El mandato de Cristina Kirchner nació con una denuncia de complot. Venía, según argumentó la Presidenta, desde los Estados Unidos. Después llegó la supuesta desestabilización del campo, y la acusación a los "generales multimediáticos" como los organizadores de un plan en marcha contra su gobierno. Pocos meses atrás, la Casa Rosada argumentó que había existido una "operación pagada" por alguien nunca identificado en la gigantesca inspección de la AFIP a un medio y ahora, hace apenas una semana, que sectores sin nombres propios ni identidad estaban "armando" marchas y reclamos callejeros para perjudicar a la Presidenta.
En sus años de presidente, Néstor Kirchner tampoco se quedó atrás y denunció un complot contra él por cada año en los que estuvo en la Casa Rosada. Desde la ola de inseguridad en los primeros años de su gobierno hasta los incidentes cuando se trasladaron los restos de Juan Perón. Las teorías conspirativas estuvieron siempre a la orden del día.
La última avanzada la lanzó la propia Presidenta, cuando argumentó el lunes pasado que las manifestaciones callejeras de las semanas últimas habían nacido después de que su gobierno anunciara medidas que a los ojos del oficialismo eran calificadas de "revolucionarias". Por ahora, y a pesar de las promesas, ningún funcionario presentó las denuncias en la Justicia, ni mostró pruebas que dieran verosimilitud a las acusaciones.
Los Kirchner se muestran perseguidos. Quienes dialogan con ellos sostienen que realmente el matrimonio cree que existen "intereses" en verlos derrotados. "Ellos están creídos de que efectivamente hay manos negras detrás de las últimas protestas", reflexionó ante LA NACION un conocedor de la pareja presidencial.
"La culpa es de la prensa"
En los despachos oficiales eligen culpar a los medios y son pocos los
funcionarios que vuelcan una opinión en línea directa con el matrimonio. Creen,
más bien, que la prensa es la culpable de un ánimo contrario al Gobierno, pero
es imposible que alguno muestre pruebas concretas de las acusaciones.
"Vamos a investigar y llevaremos el tema a la Justicia", prometió el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en una ronda con periodistas en la Casa Rosada, el miércoles pasado. "¿Habla de Duhalde?", se le preguntó. Contestó sin precisiones. "Es una combinación de dirigentes del pasado e intereses económicos."
Quienes conocen a los Kirchner coinciden en advertir que ambos tienen una constante vocación de ver conspiradores en todas partes. De alguna manera, los hechos lo demuestran: en boca de Néstor o de Cristina, fueron nueve las veces que hablaron de pactos desestabilizadores desde que llegaron al poder.
La primera denuncia llegó el 2 de junio de 2004, en medio de una seguidilla de asaltos de alto impacto en la Capital. Se abrió una causa en los tribunales ante una presentación del por entonces fiscal Carlos Stornelli, hoy ministro de Seguridad bonaerense. La investigación quedó archivada al poco tiempo, sin avances. En 2005, la Casa Rosada denunció un "oscuro pacto" entre Duhalde, Menem y Patti, durante la campaña legislativa. Y al año siguiente, advirtieron que la violencia en la quinta de San Vicente, que terminó con el chofer de Hugo Moyano, Emilio Quiroz ("Madonna"), a los tiros, era parte de un plan contra el Gobierno. Antes de las elecciones presidenciales de 2007, Néstor Kirchner se despachó con que el asesinato de tres policías en La Plata había sido un mensaje mafioso hacia él. La investigación aún está en curso, pero nada avanzó sobre la denuncia presidencial.
Dos días después de asumir, Cristina acusó a Estados Unidos de montar una "operación basura" con el caso de Guido Alejandro Antonini Wilson. Después siguió con el conflicto con el campo y el "ánimo destituyente" que el Gobierno dijo ver en los dirigentes de la Comisión de Enlace agropecuaria, y enseguida, la denuncia sobre que los tanques de otros años para derrocar un gobierno habían cambiado por los "generales multimediáticos". A eso se sumó, en medio del debate de la ley de medios, el operativo de la AFIP en el diario Clarín . "Hay una operación que alguien ha financiado y nosotros nos ocuparemos de descular quién fue realmente el responsable", dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En ninguno de estos casos, como en las anteriores denuncias, el Gobierno presentó pruebas.
