Debería estar escribiendo estas líneas en el fragor del final de la campaña de elecciones legislativas de medio término. En una Argentina de instituciones más republicanas y más estables estaríamos a sólo cuatro domingos de tan importante elección con toda la atención pública concentrada en las encuestas y, quizás, en algunas propuestas.
En vez, la atención pública está puesta en la ley de medios. En todos estos meses el gobierno no ha presentado ninguna ley para atacar las raíces y las consecuencias de la crisis económica, que se blandía como excusa para adelantar las elecciones. El presupuesto presentado esta semana ratifica ese desapego por los más vulnerables y la consabida incapacidad de los Kirchner para diseñar las políticas activas que ellos necesitan. Esa impotencia lleva al matrimonio a suponer que todo está bien, que nada tiene que cambiar, total el INDEC se encarga de dibujar lo que no sea favorable a ese mundo feliz e imaginario. ¿Y el año que viene? Pues “el año que viene la economía mundial mejorará, los precios de la soja subirán, el empleo subirá y el crecimiento se derramará a los pobres”. En la ficción oficial no hay problemas serios y los pocos que hay se resuelven solos.
Es difícil presentar soluciones cuando se parte de una realidad miope, como los números de pobreza publicados por el INDEC esta semana, que ignoran a casi 2 de cada 3 argentinos pobres.
Resulta cada vez más difícil diseñar políticas públicas sin saber cuál es la realidad de la que se parte. Ante la pregunta de un diputado en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda si las estimaciones del presupuesto fueron hechas en base a cifras del INDEC, la respuesta del viceministro de Economía fue: “Sí, como corresponde”. Los supuestos macroeconómicos ignoran así la recesión de este año y dibujan, en cambio, un crecimiento del 0,5%. Este mundo de fantasía se contradice con las cifras del propio INDEC para sectores parciales de la economía, que establecen por ejemplo una caída en el nivel de importaciones de un 39% en lo que va del año, de un 10% en el empleo del sector de la construcción y del 10% en el nivel de recaudación deflactado por la inflación verdadera. No existe país en el mundo en el que conviva crecimiento con semejantes caídas en dichos indicadores económicos. Y esto es lo que está pasando en la Argentina: la producción y el empleo cae, aunque la volatilidad, ya no de la economía, sino de las ideas y de la sensatez, no permita dar cuenta de ello.
Es impensable, por otro lado, sostener, como lo hace el presupuesto, que el crecimiento de la economía para 2010 –aunque sea en un moderado 2,5%– esté liderado por la inversión, que se pronostica en un rebote de casi dos dígitos, siendo que en los últimos trimestres viene colapsando al 15% anual, y siendo que la incertidumbre afecta todas las decisiones de inversión. ¿Cuál puede ser el dato en el que se basa el ministro Boudou para decir que habrá un rebote de la inversión en 2010, cuando, por ejemplo, los permisos de edificación, un anticipo de la actividad de la construcción, han caído un 40% en lo que va del año?
Como para el Gobierno no hay recesión, el presupuesto no tiene empacho en volver a proponer un aumento de la presión impositiva en 2010 en un 1,2% del PBI. Son unos $ 14.500 millones de recursos adicionales que plantean grandes posibilidades para actuar allí donde hay necesidades sociales concretas. Pero como el Gobierno ignora el escándalo de la pobreza, el presupuesto se guarda casi todo ese aumento de impuestos, priorizando el superávit fiscal por encima de la deuda social –el gasto en Promoción y Asistencia Social aumenta tan sólo $1.800 millones–. Al final, el progresismo de los Kirchner es idéntico al del consenso de Washington de los 90: superávit comercial, superávit fiscal y desendeudamiento, los “pilares del modelo” estaban en aquel manual que nos llevó al fracaso y profundizó la pauperización del tejido social. Hasta el Fondo Monetario Internacional está hoy a la izquierda de Kirchner, rogándoles a sus países miembros que incrementen el estímulo fiscal para que el mundo no vuelva a caer en recesión.
De cada 28 pesos que se recaudan, solamente uno se destina a lo social. El Programa de Inversión Social en Trabajo, anunciado recientemente por Cristina Kirchner llegará con suerte a 83 mil tan sólo reemplazando los 85 mil planes Jefas y Jefes de Hogar que el presupuesto prevé reducir en 2010. Anuncios grandilocuentes, pero en los hechos, una metamorfosis de nomenclaturas que implica dejar las cosas tal como están. Ni más ni menos.
En la Argentina verdadera, que no es la misma de la del púlpito de la Presidenta, un asalariado formal de clase media recibe por asignaciones familiares $ 135 por mes por hijo, los ricos reciben exenciones impositivas de $ 400 por mes por hijo y la mayoría de los chicos pobres no recibe nada: los $ 6.500 millones asignados a los planes sociales sólo alcanzan a una de cada tres familias vulnerables. El pequeño excedente del gasto social de 2010 se asignará en su mayor parte a un programa implementado por punteros del conurbano –la misma receta que en los últimos 30 años consiguió quintuplicar los niveles de pobreza–.
Ésta es la verdadera madre de las batallas que deberíamos estar librando: nos debemos una discusión política abarcativa que vaya en contra de las causas más profundas de la pobreza. Debemos trabajar en recomponer el capital humano, en establecer redes de ingresos mínimos, en generar instituciones para atacar las increíbles exclusiones de todo tipo que hoy enfrenta el 35% de nuestra sociedad.
No nos cansamos de repetir nuestra propuesta de partida: hay que subsumir las asignaciones familiares y planes sociales existentes en una política universal en materia social. Debemos dar el debate por los $13 mil millones que faltan para financiar dicha política de Estado, combatiendo la retórica noventista del oficialismo y exigiendo una distribución más justa del aumento de recursos fiscales previsto para 2010.
