El gobierno y los ruralistas bonaerenses terminaron en tablas en la disputa abierta por la sanción de la reforma impositiva. Después de dos horas de reunión en la Gobernación, Daniel Scioli y la Mesa de Enlace provincial acordaron la conformación de una "comisión bicameral de seguimiento" para evaluar posibles retoques a la reglamentación de los aumentos en el inmobiliario rural y en la tasa de embarque que cobrará el fisco en los 14 puertos provinciales.

De esta manera, los dirigentes agropecuarios descartaron medidas de fuerza en rechazo a lo que consideran un "impuestazo". Y el gobierno amortiguó la reacción del sector que rechazó la nueva ley con una protesta frente a la Legislatura y que amenazaba con un paro en los próximos días.

Sin embargo, el Estado tendrá que postergar el cobro de una sobre alícuota a la carga y descarga de mercadería en las terminales portuarias, como planteaba el proyecto sancionado esta semana por el Parlamento. . Con este esquema pretendía recaudar entre 200 y 250 millones de pesos en el último trimestre de 2009. Ahora tendrá que esperar el resultado de los estudios de impacto que hará la comisión. También intervendrán los ministros Ariel Franetovich (Asuntos Agrarios), Alejandro Arlía (Economía) y Rafael Perelmiter (ARBA).

"Buscaremos un elemento sustitutivo para no perjudicar el plan recaudatorio de la Provincia y tampoco la competitividad de los puertos y a la producción agropecuaria", explicó el diputado Franco Laporta (FPV), que actuó como vocero del gobierno.

Scioli recibió en su despacho a Mario Raiteri (Coninagro), Abel Guerrieri (SRA), Guillermo Gianassi (FAA) y Pedro Apaolaza (Carbap). Los ruralistas manifestaron cautela: "Si bien no hay resultados para exponer nos llevamos el compromiso del gobierno de revisar el impuesto inmobiliario y el gravamen a los puertos", dijo Apaolaza, que representa a los sectores más duros del campo.

La Legislatura aprobó en menos de una semana una propuesta oficial para aumentar las valuaciones de los campos. La medida implica un incremento promedio del 30% en el impuesto que pagan por hectárea. Aunque, quedan exentas 7 millones de hectáreas de las zonas afectadas por la sequía (12 distritos del sudeste provincial).

La reacción del sector portuario también condicionó la necesidad de una revisión a la normativa. En las ciudades portuarias (Bahía Blanca, Mar del Plata, San Pedro) hubo protestas, paros y tomas de trabajadores y empresarios. Apenas lograda la aprobación el gobierno convocó a los administradores y les adelantó la decisión. En la oposición parlamentaria consideraron esta metodología como un "papelón".

Con este panorama, la provincia sólo podrá aplicar el ajuste en el inmobiliario urbano (20% de aumento máximo sobre el 13% del total de propiedades); el gravamen a la compra venta de automóviles usados (1% sobre la facturación en concepto de sellos) y un pago extra para los vehículos valuados por encima de 40 mil pesos.

En el ministerio de Economía evalúan que -en 2010- la reforma impositiva representará un ingreso extra de $ 1.600 millones.