El vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Jorge Srodek, celebró ayer en diálogo con "La Nueva Provincia" la aprobación de la ley de Emergencia Agropecuaria, que exime en algunos de sus artículos del pago de retenciones por 180 días a las producciones originadas en 22 distritos bonaerenses declarados en situación de desastre, y las reduce al 50% en otros 15 considerados en emergencia.
El tema quedó instalado en los círculos políticos como un antecedente que seguramente encontrará imitadores, y generó otro bochorno para el gobierno, que observa como su principal adversario político asume una posición decorosa en un conflicto interminable.

"Aquí intervino la Legislatura, la ley fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, y le toca al Ejecutivo decidir ahora cómo será su implementación", respondió Srodek al ser consultado sobre esa posibilidad.
Ayer, el oficialismo, a través de una declaración del presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara baja, Alberto Cantero, atribuyó a un "error administrativo" la presencia del artículo que elimina por 180 días las retenciones en 22 distritos, pero señaló que, de todos modos, se trata de un aspecto de la norma que "no es operable".
"Fue un error que se deslizó en la parte administrativa nuestra en el Congreso", pero los productores en situación de emergencia o de desastre "no tienen nada para exportar, porque no han cosechado nada", señaló ayer Cantero.
Sin embargo, para Carbap, la incógnita no es si existirá o no saldo exportable en la próxima cosecha, sino si el Ejecutivo mantendrá los cupos de exportación, como lo viene haciendo hasta ahora, o procederá a eliminarlos.
"Con exportaciones abiertas en cuentagotas, la solución de fondo es liberar las exportaciones, no bajar los impuestos a la exportación. Es una ley que debe sentar un precedente y que debería adoptar el resto de la provincia de Buenos Aires, que también la pasó mal, y las demás provincias" manifestó ayer el dirigente del Pro que asumirá su banca en Diputados el 10 de diciembre próximo.
El mismo jueves, terminada la sesión en el Senado, fue la legisladora salteña Sonia Escudero (UCR) quien reclamó un trato igualitario para las demás provincias en similares condiciones.

Dos escollos . De todos modos, la implementación de la ley tiene que superar dos aspectos esenciales: el primero, comprobar si el Ejecutivo decide hacer uso o no de su opción de veto y, el segundo, que desde Economía y a través de la AFIP se encuentre un mecanismo para diferenciar la producción exportable proveniente de los distritos declarados en situación de desastre, y se evite la formación segura de un mercado negro.
"Nosotros propusimos esta ley, se aprobó por unanimidad, y la implementación puede ser algo engorrosa, pero lo deberá resolver el licenciado Echegaray, que resuelve tantas otras cosas. Queremos que esta ley se contagie al resto de la provincia", sostuvo Srodek.

Agregó, que si la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, "quiere pagar el costo político de vetar una ley aprobada por su propio bloque, deberá decidirlo".
Con respecto a la posible fecha de entrada en vigencia de la ley, el vicepresidente de Carbap, indicó que si no hay novedades eso ocurriría a partir de su publicación en el Boletín Oficial, por lo que comprendería a la próxima cosecha fina y, de prorrogarse, también a la gruesa.
Ayer, una alta fuente de la AFIP, en Capital Federal, consultada sobre la posible implementación de la ley, adelantó que habrá que esperar su reglamentación, pero "a priori, aparece como de muy difícil puesta en práctica, sobre todo sin recursos" arriesgó.

"Este papelón --por la filtración del artículo de la ley que benefició al sudoeste-- muestra que el Frente para la Victoria no sabe ni lo que vota", reflexionó Srodek.
"En el caso de la provincia de Buenos Aires, por secretaría se estaban eliminando los 300 millones de pesos y otros temas más, y realmente quedó un párrafo sin anular, porque no tiene sentido decir que alguien que está en una zona de desastre va a tener liberados parte de los derechos de exportación", señaló Cantero.
Este diario se comunicó ayer con la ONCCA para saber si la posible implementación de la norma era un tema a considerar, pero se indicó que esa decisión correspondía a Economía.