En el marco de un proyecto de calidad asistido por la Unión Europea y el BID se instrumentó que las normas que afectan a terceros no entren en vigencia sin abrir la posibilidad de que el público emita su opinión.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ha instrumentado un sistema de consulta pública previo a la publicación de la normativa.

A partir de ahora, aquellas normas que afecten a terceros serán sujetas a la opinión ciudadana durante un período de 60 días antes de que efectivamente entren en vigor.

"El objetivo es apuntalar la transparencia del proceso y tener normas de mayor calidad, legitimadas por la discusión de la sociedad", explica la ingeniera agrónoma Diana Guillén, gerente general del organismo.

De hecho, hasta el 27 de julio se encuentra sujeta a este novedoso proceso un proyecto de resolución para la exportación de productos de origen animal.

Todos aquellos interesados que quieran opinar lo pueden hacer volcando sus puntos de vista en un sistema interactivo de carácter digital.
"Lo que se exige es que sea una opinión de carácter técnico y sostenida en fundamentos", aclara la funcionaria.

La iniciativa del Senasa ya cuenta con antecedentes de organismos similares en los Estados Unidos y Brasil, donde las normas a sancionar pasan por un período de tiempo durante el cual se recolectan opiniones, antes de que adquieran fuerza legal.

Si bien las opiniones son de carácter no vinculante, se interpreta que si las críticas son amplias y argumentadas serán tomadas en cuenta.

La idea es precisamente evitar las sucesivasmodificaciones que en algunas ocasiones sufren las resoluciones una vez promulgadas, debido a las opiniones y aportes que los sectores privados realizan cuando toman conocimiento de la normativa.

Pero lo destacable de la modalidad es que democratiza la posibilidad de emitir opinión, quitándola del hasta ahora exclusivo circuito de las organizaciones privadas (cámaras, asociaciones).

"La tradición era consultar a las corporaciones"

La decisión de armar el sistema de consulta pública apunta a sumar la opinión ciudadana, dado que entendemos que el Senasa trabaja para la sociedad en su conjunto y no para sectores determinados", precisó Guillén.

De todos modos, el cambio en el procedimiento se encuentra vinculado a un proyecto que el Senasa lleva adelante gracias a la asistencia de la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Dicho proyecto lleva como título "Programa de Reordenamiento Normativo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria", y quedó expresado mediante la Resolución 466, promulgada en junio de 2008, con el objetivo de actualizar el llamado "Código de Normas Senasa".

El diagnóstico realizado en este marco es que el corpus normativo del Senasa consta de 3.000 resoluciones y disposiciones, que en algunos casos dejan lagunas sin cubrir y en otros se solapan.

El proyecto consiste en tener no sólo un código actualizado para 2012, sino además dejar establecidas prácticas para la elaboración de las normas.

Dentro de estas prácticas es donde se inscribe la consulta pública antes de su publicación. "Es un estándar que marca una serie de pasos que legitima la norma a promulgar", agrega la gerente del Senasa.

Se estima que alrededor de 20 proyectos de resoluciones podrían ser sometidos a consulta en
forma anual.

"El éxito o el fracaso dependerá de la participación o no que la sociedad tenga en el mecanismo de consulta", advierten desde el organismo.

Cada vez que una se suba a la web del organismo sanitario, previamente se publicará un aviso en el Boletín Oficial, dando cuenta de la novedad.

Este cambio que introduce el Senasa se aliena con otros como el proceso de descentralización operativa que ha sido completada en los últimos días, así como el reciente cambio en la función del ahora ex Consejo de Administración, que pasa a ser de carácter consultivo.

El objetivo de la gestión del Dr. Jorge Amaya (quien lo conduce desde 2003) apunta a una relación directa con los "clientes" del servicio, es decir aquellos que de una u otra manera son demandantes de las acciones del Senasa.

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