El tratamiento impositivo diferencial de los biocombustibles –Córdoba es productora de etanol de maíz- y que la ley que sostiene ese esquema no se haya incluído en las sesiones extraordinarias provocó la reacción de los 11 diputados que integran el Interbloque Federal entre los que se cuentan los cuatro cordobeses. En un comunicado reclamaron que se cumplan los “compromisos” y se trate la ley. Los legisladores plantearon que “la ausencia de explicaciones y el incumplimiento de los compromisos generan incertidumbre, socavan la confianza, al extremo de poner en riesgo las fuentes de trabajo que se han creado en estos años y las inversiones realizadas”.

“Exigimos el inmediato cumplimiento del compromiso para tratar la Ley de Biocombustibles. Que se haga, como corresponde, atendiendo a las opiniones de todos pero sin ceder a la presión de nadie”, concluye el comunicado. El interbloque Federal es la tercera fuerza de Diputados con 11 integrantes. Firman Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Claudia Márquez, Paulo Cassinerio; el salteño Andrés Zottos; los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estevez, y los bonaerenes Bali Bucca, Graciela Camaño y Jorge Sarghini.

Los diputados que impulsan el tratamiento de la ley de bios están convencidos de que es el lobby de las provincias petroleras el que impidió que su incorporación al temario de sesiones extraordinarias. Sostienen que el compromiso de incluirlas en extraordinarias excedió al que tomó Sergio Massa como presidente del cuerpo, ya que se aprobó por unanimidad en la comisión de Labor Parlamentaria. La actitud de los legisladores no es menor ya que se trata de un grupo que habitualmente ayuda al oficialismo a lograr quórum en temas claves.

En octubre el Senado nacional aprobó por unanimidad la prórroga del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles (Ley 23.096). Para que saliera se contó con el apoyo de los representantes de las provincias petroleras, nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Cuando se aprobó parte de los discursos apuntaron a que se trataba de una “política de Estado”. Tiempo después, la continuidad de esa decisión quedó en suspenso.

Los legisladores defensores de los bios sostienen que la incorporación de insumos de origen vegetal “no altera el costo final de los combustibles y que, de ser necesario, un incremento en la producción de biocombustibles puede sustituir con eficiencia eventuales necesidades de importación de combustibles” y subrayan que la producción de biocombustibles es un “ejemplo de agregado de valor, algo de lo que mucho se habla pero que poco se aplica. Constituye también un modelo de federalismo productivo y generación de arraigo, por su impacto en las economías regionales. Y contribuye de manera decisiva al cuidado del ambiente”.

Una posibilidad que barajan es que se termine impulsando una iniciativa que deje afuera de los beneficios fiscales a las grandes productoras de bios y que se concentre en las Pymes. Frente a esa posibilidad, los que defienden los incentivos sostienen que la ley tuvo un espíritu “estratégico” y no de promoción de un sector.

La actitud tomada por los legisladores difiere con la conducta menos confrontativa que han tenido con temas muy controvertidos, como fue la reforma de la movilidad jubilatoria, que los representantes cordobeses apoyaron.

En noviembre Gutiérrez –acompañado por el resto de los cordobeses- presentó e proyecto para establecer el régimen de promoción para el desarrollo de biocombustibles. Apunta a que se declare de interés público nacional la producción, comercialización, investigación y uso en materia de biocombustibles. “Es hora de que tengamos una ley definitiva que establezca y corra al lugar que le corresponde a la matriz energética basada en los combustibles fósiles que tiene fecha de vencimiento en todo el planeta”, argumentó.

Texto de Gabriela Origlia para diarioalfil.com.ar