La reunión fue comandada por las principales autoridades de la entidad que integran José Colombatto como presidente; Nicasio Tito (vice 1°) y Flavio Izaguirre (Vice 2)°. Luciano Olivera (secretario); Héctor Reniero (prosecretario); Alejandro Müller (tesorero); Fabián Moine (protesorero) y Hugo Paoloni y Gastón Marcó (revisores de cuentas).

Los principales temas abordados tuvieron que ver con los detalles de la reunión de Mesa de Enlace con el ministro Bahillo, funcionarios y el jefe de Abigeato, donde se acordó la modalidad de un encuentro mensual de los delegados técnicos con la titular de Vialidad, Alicia Benítez; se informó sobre los créditos ganaderos provincial y nacional; entre otros temas.

También se conversó sobre la problemática de los ataques vandálicos a los campos; la reunión con el senador Edgardo Kueider respecto de la intervención y expropiación de Vicentín; las reuniones virtuales con los delegados de FARER ante FUCOFA y diversas problemáticas que atañen a los productores respecto de su quehacer cotidiano.

Dura postura contra la Ley de Emergencia

En tanto, los dirigentes gremiales consensuaron un documento en referencia a la Ley de Emergencia que fuera aprobada en la presente semana. El texto completo es el siguiente:

EL GOBIERNO ENTRERRIANO CARECE DE EMPATÍA

El gobierno entrerriano acaba de sancionar la Ley de Emergencia. Esta "victoria política" es sencillamente la más cabal expresión de un reconocimiento al rojo del Estado y a la impericia para resolverlo; de escasez de imaginación y de resistencia a una verdadera reforma político-administrativa. Y básicamente es un manotazo al bolsillo de asalariados y jubilados y una nueva trompada que busca tumbar a comerciantes, emprendedores, productores agropecuarios, entre tantos otros sectores que apuestan a la provincia y al país.

Ante todo, sepamos que esta ley no va al centro de los problemas estructurales de Entre Ríos. Es apenas una aspirina para un paciente casi terminal. Y en el caso del nuevo impuesto aplicado al campo es demostrativo de la ignorancia y de la ausencia total del sentido común y de la equidad, ya que iguala las explotaciones agropecuarias en las zonas más prósperas con las marginales.

Entre los fundamentos de la ley se buscan excusas irrisorias, ya que se olvidan de poner en la balanza que en 2023 se van a cumplir 20 años ininterrumpidos de gobiernos justicialistas; ergo, el cráter en las finanzas públicas y en la Caja de Jubilaciones es un "mérito" propio.

Lamentamos que, en pleno incendio de las cuentas públicas producto de ese Estado gigantesco, ineficiente y burocrático, la idea para apagar el fuego no fuera una mirada hacia adentro. Todo lo contrario: la política no ha tocado sus cimientos.

Resulta complicado entender y mucho menos aceptar, medidas de este tipo en plena pandemia con un escenario de caída brutal de la economía y del empleo. Aumentando impuestos no se resuelve nada, ya que son unas monedas más para un estado voraz -que las dilapidará- y muchas monedas menos en los bolsillos de los entrerrianos. Entendamos que todas las cargas impositivas que se imponen en esta Ley -medicamentos y bancos, por ejemplo- serán transferidas al consumidor.

No es momento de agarrar la cachiporra y pasar la gorra. Hay muchos sectores que atraviesan momentos terribles: prestadores de turismo; transporte; emprendedores; cuentapropistas; Pymes; comerciantes; clubes; artistas; entre tantos otros. Es necesario generar medidas tendientes a reactivar y/o apuntalar a estos sectores económicos y sociales. Para nada son momentos de recetas que siguen rascando de las mismas ollas.

La pobreza abruma. El desempleo arrecia. La recesión angustia. Y en ese escenario, la política de panza llena ni se le ocurre empezar el esfuerzo por casa. Los privilegios de la política y del Estado están muy lejos de la empatía que se necesita en estas horas.

La provincia está enferma y sufre. Pero otra vez han equivocado el remedio.