FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) publicó su característico Índice FADA. Este informe trimestral, que mide la participación del Estado en la renta agrícola, develó que de cada $100 de renta (ingresos menos costos) de una hectárea promedio, van $68,30 al Estado en impuestos nacionales, provinciales y municipales. Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 68,3%, la participación del Estado en soja es del 69,7%, maíz 65,4%, trigo 67,8% y girasol 59%.

Esta medición ya se realizaba también de manera desagregada para las provincias de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, San Luis y Santa Fe. En esta edición se sumó, además, Entre Ríos, por iniciativa y gracias a la colaboración del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y la Federación Agraria Entre Ríos. Estos indicadores mensuales muestran que Córdoba registra un 67,8%, Buenos Aires 66,8%, Santa Fe 63,4%, La Pampa 71%, Entre Ríos 73,4% y San Luis 68,3%.

Cepo cambiario

Las restricciones impuestas al acceso al tipo de cambio oficial, más conocido como cepo cambiario, han generado una importante brecha cambiaria, con un tipo de cambio oficial de $69,67 un dólar bolsa de alrededor de $107 y un blue de $125.

Desde el regreso del cepo hay temores en la cadena agrícola de que la brecha se traslade a incrementos de los costos de los insumos, como sucedió en el cepo que operó entre 2012 y 2015. “La diferencia con ese cepo es que no sólo era cambiario, sino que también era importador, es decir, no sólo se dificultaba el acceso al tipo de cambio para dolarización de ahorros, sino que se restringía el acceso a dólares para importación, acompañado de licencias no automáticas para los productos importados. Esto generaba escasez y encarecimiento de bienes importados. Al campo, en particular, lo afectó con una suba de los costos de los insumos”, advirtió David Miazzo, Economista Jefe de FADA.

Hasta el momento, los insumos del campo se comercializan a tipo de cambio oficial y no se han evidenciado subas generalizadas de precios. Esta situación podría verse alterada si el cepo cambiario va mutando en un cepo importador que haga escasear y encarezca de manera generalizada las importaciones. “Una negociación exitosa de la deuda, un tipo de cambio que no se atrase y una política monetaria y fiscal responsables, son las condiciones para que no se endurezcan las restricciones de acceso al tipo de cambio oficial y las importaciones”, explicó Miazzo.

Impuestos

La participación del Estado está compuesta por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 67,4% del total de impuestos, y son principalmente los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representan el 26,6% de los impuestos medidos. Acá tenemos principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y el IVA.

Las provincias reciben parte de este 26,6% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. En el Índice FADA nacional se consideran el impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este impuesto. Así, los impuestos provinciales explican el 5,3% de los impuestos totales.

Por último, los impuestos municipales representan el 0,8% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. En provincias que cobran estos impuestos, la participación es mayor. El componente central de estos impuestos municipales son las tasas viales.

Con respecto a junio de 2019, los impuestos nacionales no coparticipables incrementaron su participación, pasando del 56,6% al 67,4%, mientras que todo el resto disminuyó. Este cambio es resultado del incremento de los derechos de exportación, no coparticipables, que al mismo tiempo reduce un impuesto coparticipable como es el impuesto a las ganancias.

“Estos cambios, significan una reducción del federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la suba de derechos de exportación”, explicó Miazzo.

Precios

En los últimos 12 meses el precio FOB de la soja perdió un 1,1%, el trigo un 1,6% y el maíz un 19,5%. Respecto a la medición de marzo, soja ganó un 8,5%, trigo perdió un 1,2% y maíz cayó un 11,3%.
La soja tuvo una caída en una primera etapa de la pandemia, para luego recuperar gran parte de la baja, mientras que el maíz ha sido el que más ha sufrido la caída de precios. Esto sin duda influye en la viabilidad económica del cultivo, y por tanto en la participación del Estado en la renta. A la caída de precios, se le sumó un incremento de los derechos de exportación que subieron del ≈10% en junio pasado al actual 12%. Así, el índice FADA para maíz fue del 47,1% en junio pasado y marca 65,4% en esta medición.

Tipo de cambio y costos

En los últimos 12 meses, el incremento del tipo de cambio nominal oficial fue del 61%, pasando de $43,40 por dólar a $69.97. En los últimos 3 meses, se incrementó un 9,7%. En términos de tipo de cambio real multilateral, en los últimos 12 meses mejoró un 2%.

“Que el tipo de cambio real evolucione por encima de los costos es positivo para el resultado económico de estas actividades agrícolas ya que reduce el valor en dólares de los costos pesificados. También colabora en este sentido el congelamiento del precio del gasoil, principal costo de los fletes y labores agrícolas”, advirtió Miazzo.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 58% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 42% están pesificados. Esta relación en marzo de 2020 era 56%-44%, pero al mejorar el tipo de cambio real, hace que los componentes pesificados tengan menor peso relativo. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, los costos dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 68%.

En el caso del maíz los costos dolarizados ascienden al 62% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 38%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 68%.

Sin embargo, el componente en pesos tiene una alta relación con el dólar. Esto se da por dos motivos: la rápida transmisión de la devaluación a los precios y porque dentro de los costos pesificados está, por ejemplo, el flete cuyos costos dependen en gran medida del precio del combustible y este está ligado al precio del petróleo y del dólar. Lo mismo con las labores. Además de que el valor de los camiones y maquinaria también guarda correlación con el tipo de cambio. “Así como esta relación encarece la estructura de costos pesificados en momentos de devaluaciones, también ayuda a anclarlos en momentos de tipo de cambio oficial estable, como los últimos meses”, aclaró Miazzo.