En síntesis, las pymes agropecuarias que pretendan aspirar a un crédito a
dicha tasa deben vender casi la totalidad de su cosecha de trigo y/o soja, y no
mantener granos almacenados en acopios o silos bolsa. Y en el caso de las
compañías grandes, las que no hayan comercializado el 95 por ciento de su
cosecha, se les incrementará la exigencia de capital mínimo por riesgo de
crédito de toda financiación.
Se trata de una disparatada medida que discrimina y cercena la posibilidad de
financiamiento al sector más dinámico de la economía, y el único generador de
legítimas divisas del país y en momentos en los que la siembra del trigo
trayendo a la memoria del productor medidas similares tomadas en 2014 y con
pésimo resultados para el país.
Acaso el Gobierno Nacional piensa que la normalización del país post pandemia
se podrá realizar sin tener en pleno funcionamiento y con la necesaria
financiación al sector que más divisas entrega a las arcas del estado??
Preocupa a CARBAP al igual que esta medida de índole económico, la decisión
de la Oficina Anticorrupción a cargo de Felix Crous de renunciar a la querella
por causas de corrupción que involucran a la actual vicepresidente, incumpliendo
por el cargo que ejerce las atribuciones asignadas. Como así también la
delegación de poderes del Poder Legislativo Nacional en el Jefe de Gabinete para
reasignar partidas y presupuestos en el marco de la emergencia sanitaria sin el
debido contralor público. Se puede tener un Estado activo y flexible, pero con
los debidos contralores que la Constitución prevé.
Desde Carbap somos firmes defensores de la Republica, de la libertad y de las
instituciones, y reiteramos la profunda preocupación que provoca la sesgada
mirada que desde el Gobierno se tiene con la comunidad productiva en su
conjunto.
Fuente: Carbap
