Un año atrás, legisladores de la UE aprobaron un paquete de regulaciones largamente esperado para abordar las prácticas comerciales desleales, dando solución a uno de los principales atrasos en la normativa legal del bloque sobre alimentos, ya que 20 estados miembros habían adoptado su propia legislación sobre el tema.

Sin embargo, varios miembros de la mayor cooperativa europea de agricultores, COPA-COGECA informaron de un incremento en las UTP desde que comenzó la pandemia, incluida la presión a la baja sobre los precios pagados a los productores, mientras que los precios al consumidor permanecen sin cambios, especialmente para productos perecederos como frutas y verduras.

Según los informes, los operadores intermedios de la cadena alimentaria también están aplicando sanciones contractuales si el proveedor no entrega los volúmenes solicitados, incluso cuando la causa está más allá de su control directo.

La eliminación unilateral de líneas de productos frescos de las tiendas y la consiguiente negativa a aceptar entregas de dichos productos es otra práctica injusta comunicada por los agricultores a COPA-COGECA, así como cambios unilaterales a los contratos, invocando circunstancias de ‘fuerza mayor’.

Los casos engañosos de etiquetado del país de origen se incluyen en la lista de denuncias de UTP. Antes de Pascua, se informaron algunos casos de etiquetado erróneo de cordero como originario de la UE, cuando en realidad provenía de Nueva Zelanda.

Por último, los minoristas parecen usar estrategias o campañas promocionales destinadas a interrumpir la segmentación del producto, por ejemplo, al poner el mismo precio de venta los huevos de gallinas criadas con o sin jaulas.

Estas y otras prácticas se desvían claramente de las transacciones comerciales sólidas y éticas, dijo COPA-COGECA, que también instó a la Comisión Europea a presionar a los Estados miembros para que transpongan e implementen de manera adecuada y rápida la Directiva sobre la lucha contra las UTP en toda la cadena de suministro agroalimentario.

En declaraciones al portal Euroactive, el eurodiputado socialista Paolo De Castro dijo que el principal problema es que el incremento de las denuncias de UTP debe ser administrado por los propios Estados miembros, de acuerdo con las viejas reglas, ya que la implementación de la directiva se encuentra en una etapa temprana.

«En términos de procedimiento, solo España ha implementado la directiva, gracias a la iniciativa del ministro de agricultura, Luis Planas, que logró transponer la directiva con un decreto ley», dijo el eurodiputado.

«En Italia, aprobamos la directiva en el Consejo de Ministros, pero luego estalló la crisis de COVID-19 y se ralentizando el proceso», dijo, y agregó que el Ministerio de Agricultura de Italia ha establecido una línea directa gratuita para los agricultores denunciar casos de UTP.

«Particularmente en este período de crisis, podría haber situaciones en las que quién sea más fuerte en la cadena alimentaria establezca las condiciones a los más débiles», concluyó.

Fuente: Bioeconomia.info - Emiliano Huergo