De esta manera, la retención a la soja, que era de 18%, subió a 30%, en tanto que trigo, maíz y otros productos tendrán una tasa de 12%, mientras que en carnes, leche en polvo, harinas y legumbres será de 9%. Ayer, hubo manifestaciones en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires en rechazo de esta medida.

“Arrancamos mal”, apuntó el nuevo presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, en respuesta a la disposición del Fernández. “Es increíble que el sector que más recursos le da al Estado no tenga pleno reconocimiento. Se sigue viendo al campo como una fuente de recursos fiscales. No se toma conciencia del lugar que ocupa en el país”, aseveró Chemes.

El directivo resaltó que el impacto que esta medida tendrá sobre la rentabilidad del sector será “muy fuerte”. “La historia en Argentina marca que cuando se han aumentado las retenciones, la actividad se para”, resaltó, a la vez que aseguró que hasta el momento no han tenido ningún contacto por parte del nuevo ministro de Agricultura, Luis Basterra. “El Gobierno nos tendría que recibir para intercambiar ideas sobre como sigue hacia adelante. Es fundamental que nos escuchen”, afirmó.

“Arrancamos mal”, apuntaron desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en respuesta a la norma de Fernández.

“Los derechos de exportación generan efectos económicos negativos que son crecientes a mayor tiempo de vida del impuesto; los productores modifican decisiones productivas y tecnológicas en función de la presencia del tributo, y esta acumulación de cambios de comportamiento va generando costos crecientes en el sistema y por ende sobre toda la economía”, explicó el economista jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón, en diálogo con El Economista.

Garzón dice que sería esperable que en el ciclo 2020/2021 se reduzca el área sembrada con trigo, retrocedan los cereales de verano, gane tierras la soja, caiga el uso de fertilizantes, de semillas de alta calidad, etcétera. Es decir, que el sistema se defienda, pero reduciendo su productividad y su sustentabilidad futura. “No debería sorprender si la producción del ciclo 2020/2021 cae respecto a los ciclos previos”, afirmó.

“A mediano y largo plazos, el aporte económico directo del sector pasa a reducirse por la falta de dinamismo que empieza a mostrar la producción, que deja de incorporar tecnología, nutrientes a los suelos, etcétera; esta situación afecta por supuesto a todos los encadenamientos que tiene el sector y el efecto negativo completo para productores y regiones de alta producción agrícola excede largamente a los ingresos que se están cediendo al fisco”, señaló el especialista.

Según Garzón, el efecto de la mayor presión tributaria también se vería reflejado en una menor renovación de equipamientos y un “efecto derrame” más acotado sobre actividades económicas puntuales que están “aguas arriba o aguas abajo” de la cadena. “El tema es que la continuidad de la política de desaliento a la exportación va generando cambios cada vez más profundos y nocivos en el sistema de producción, en la asignación de los recursos, en el uso de la tierra, en las inversiones”, señaló.

El ministro de Agricultura justificó que la medida responde a una adecuación del tipo de cambio.

Para el corto plazo, pensando en la campaña agrícola 2019/2020, con los sistemas de rotación ya planificados y con la inercia de una muy buena campaña pasada, según Garzón, es probable que los productores no alteren mucho sus planes productivos, que mantengan sus rotaciones y que intenten defender hasta donde puedan sus paquetes tecnológicos. “En esta reacción de corto plazo, los rindes productivos pueden llegar a mantenerse, y se podría tener, si el clima acompaña, un buen volumen de granos producidos en 2020”, estimó.

Fuente: El Economista