Mientras el Gobierno se toma su tiempo para levantar las restricciones a las exportaciones de granos de soya, asoman fricciones entre los productores y las industrias oleaginosas por la falta de consenso de un precio ‘justo’.

Así lo reveló Susano Terceros, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) filial este y que integra la comisión conformada por productores para negociar un mejor costo del grano de la cosecha correspondiente al ciclo de verano.

La tensión surge en un momento complicado para el agro, porque hoy se cumple el plazo de 72 horas fijado por los agricultores para liberación total de las exportaciones de granos. De no cumplir, esta demanda, los soyeros mantienen la amenaza de bloquear caminos.

Hasta el momento, según Terceros, los productores de la zona este acopiaron 170.000 toneladas de grano en las plantas que procesan derivados de la soya.

El dirigente soyero explicó que piden a las industrias $us 291,20 por tonelada del grano y que las factorías establecieron una franja de $us 225. Dio cuenta, que algunas empresas advirtieron con devolver la soya, en caso de que no acepten el precio definido. “La industria está cerrada, no van a dar más de $us 225 por tonelada. Dice que los precios internacionales están bajos, pero los precios dan para más”, indicó.

El presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, señaló que su sector entregó toda la producción de la cosecha a las industrias, sin recibir un pago. “Urge liberar las exportaciones para destrabar el mercado y tener mejores precios”, afirmó, al indicar que los soyeros necesitan un precio de $us 300 por tonelada para cubrir sus costos.

Desde La Paz, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, precisó que se trabaja en la liberación de la exportación del grano de soya para contrarrestar los bajos precios, pero que aún no hay una decisión al respecto.

La autoridad reconoció la preocupación en torno a la comercialización del grano, pese a que la producción, con respecto a 2018, mejoró. “Este año la cosecha del ‘grano de oro’ superó las tres millones de toneladas, pese a que, en la Chiquitania, se sufrió por la sequía”, apuntó.

Ayer la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes, se reunió con directivos del sector oleaginoso para avanzar en algún acuerdo.

El gerente general de Anapo, Jaime Hernández, declaró que con la autoridad de Gobierno, se avanzó en una normativa para que se analice en el gabinete de ministros en la presente jornada.

En este sentido, el ministro Cocarico manifestó que se quiere tener listo un decreto para la liberación de la exportación, tal como se comprometió el presidente la anterior semana.

El presidente interino de Anapo, Fidel Flores advirtió que el plazo de 72 horas dado al Gobierno para que atienda sus demandas se mantiene vigente.

De no haber una respuesta satisfactoria, dijo que el jueves comenzarán los bloqueos de carreteras en zonas productivas (Chané, San Pedro, San Julián, El Puente, Cuatro Cañadas, Pailón, entre otros sectores).

Sector agroindustrial

Desde la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), su presidente ejecutivo Guillermo Ribera, explicó que al ser la soya un commodities en el mercado global, el precio se negocia internacionalmente y que Bolivia, en este caso, es tomador y no define el valor comercial.

Hizo notar, además, que la caída del precio internacional de la soya está influenciada por el crecimiento del stock mundial debido a la gran producción alcanzada por EEUU, Argentina y Brasil, la guerra comercial entre EEUU y China por temas arancelarios y por el brote de peste porcina en China que forzó a este país a eliminar cientos de miles de cerdos. El país asiático es el mayor demandante mundial de soya.

En torno a los comentarios vertidos por productores en sentido de que la negociación de un precio ‘cerrado’ se debería dar al inicio de la cosecha, Ribera explicó que la industria siempre ha tenido precios para cerrar con el productor cuando este lo solicitaba. “Ellos esperaron mucho tiempo para cerrar precio y lamentablemente los precios han caído”, dijo.

No obstante, aclaró que el productor es un aliado estratégico de la industria que no solo le compra el grano, sino que le financia las semillas, insumos agrícolas, transporte, entre otros ítems. “La industria aceitera es nacional y requiere toda la materia prima. La industria tiene una capacidad de molienda de 4,5 millones de toneladas de grano y hay un déficit de casi 2 millones de toneladas. Todo el grano que se produce en Bolivia no abastece el requerimiento de la industria nacional”, apuntó.

Dado el déficit de grano, a decir de Ribera, la Caniob apoya las gestiones de uso de biotecnología para mejorar el incremento de la producción agrícola que limita una mayor oferta de granos en el mercado nacional.

Hizo notar que frente a la propuesta de liberar la exportación de granos, las industrias aceiteras plantean la desregulación del mercado interno para los subproductos derivados de la soya. “El pedido de exportación de grano del sector productivo primario pone a las industrias en una situación tremendamente difícil porque si ahora hay un déficit de 2 millones de toneladas de granos y la industria trabajan a un 65% de su capacidad, una aprobación del pedido comprometerá las operaciones de las factorías y pondrá en riesgo los 5.000 empleos formales que genera el sector”, dijo Ribera.

Para Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), la estrategia definida por la institucionalidad agropecuaria es errada porque la problemática va más allá de los precios. “Se debe trabajar en una solución estructural liberando las restricciones internas para todos los actores del complejo oleaginoso”, refirió.

Transporte afectado

El panorama complejo del sector soyero repercute en el transporte pesado. A decir de Marcelo Cruz, presidente de la Asociación del Transporte Internacional (Asociatrin), el flete en los últimos tres años cayó de $us 115 a $us 60 la tonelada. La reducción representa un 47,83 % menos.

Según Cruz, un 30% de los 17.000 camiones que realizan el trabajo de carga internacional dejaron de operar. “El sector productivo influye en 10 sectores y nosotros en ocho”, sentenció.