Por primera vez, el Ministerio de Salud dispondrá de un software que permitirá registrar y georreferenciar afecciones que podrían estar relacionadas con el uso de plaguicidas, pues actualmente se maneja con subregistro, explicó ayer Hebe González, directora de la ONG Alter Vida, en una reunión con especialistas del sector.
Esta organización, acompañada por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) de la cartera sanitaria y en coordinación con la Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y el Ministerio de Agricultura, elaboró el proyecto “Construyendo estándares socio-ambientales y de salud pública con el sector primario para incremento de la competitividad de los mercados”, con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología (Conacyt).
González explicó que un entorno favorable para la actividad agrícola requiere de información y registros de datos. Así, se creó el Sistema Georreferenciado de Evaluación de Casos (SIGEC). El software permite contabilizar casos de intoxicación crónicos y agudos, y visualizar en un mapa temático de afecciones de salud recurrentes del listado de enfermedades no transmisibles atribuibles a los plaguicidas, según organismos internacionales. Para su aplicación, se capacitará a los funcionarios de Atención Primaria de la Salud (APS) del Ministerio de Salud Pública.
La herramienta fue previamente aplicada en un monitoreo comunitario piloto en distritos de los departamentos de San Pedro y Caaguazú, que arrojó resultados preocupantes en cuanto al manejo de plaguicidas (ver infografía).
Al respecto, la presidenta de la Sociedad Científica, Antonieta Rojas de Arias, señaló que esto permitirá hacer estudios de cohorte y así saber la evolución de la salud de la gente que vive en ese ambiente. Por su parte, la Dra. Estela Benítez, pedíatra y docente universitaria, destacó que es un tema complejo y con esto se podría logar un acercamiento a lo que es la realidad. Otro aporte del proyecto fue la recolección de opiniones acerca del uso de plaguicidas, en las cuales se destacó la necesidad de capacitación y aplicación de sanciones para productores y vendedores que incumplen normativas.
