En un reciente informe sobre el derecho a la alimentación en Argentina, la Relatora Especial de la ONU, Hilal Elver, realiza duras críticas a la expansión del monocultivo con transgénicos, e insta al gobierno a apoyar la agricultura familiar.

“La Argentina tiene abundantes recursos naturales que permiten la autosuficiencia y brindan apoyo a un sector agrícola productivo. En tanto no debería haber problemas para garantizar la disponibilidad de alimentos para la población, el modelo actual de la agricultura industrial, que promueve la soja y otros cultivos comerciales para la exportación por sobre un sector agrícola diversificado, ha socavado la seguridad alimentaria de la población”, expresa una de las primeras conclusiones del informe final, presentado por Elver ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Pero esto no es nuevo. Científicos, activistas, instituciones y comunidades lo han estado advirtiendo durante años, tanto a nivel internacional como dentro de Bolivia. Y también durante años, la agroindustria, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y ciertas esferas del gobierno central, realizan un lobby constante a favor de este modelo y de las semillas transgénicas no solo de soya, sino de maíz, algodón y otros cultivos.


Gobierno, IBCE, CAO y otros, promueven agronegocio y transgénicos
Sus argumentos son básicamente: mejor rendimiento y productividad, mayores exportaciones y mayor seguridad alimentaria. Para sustentarlos usan ejemplos como el de Argentina, donde “obtienen 200 quintales de maíz transgénico con una tierra más frágil que la nuestra y nosotros sacamos solo 80 quintales”.

Pero la ONU acaba de refutar estos supuestos beneficios del modelo enfocado en a la exportación de commodities agrícolas, y denuncia sus riesgos y retrocesos.

Además, datos de la propia Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO, que está a favor de los transgénicos) muestran que el rendimiento, en el caso de soya desde la introducción de la variedad transgénica hace más de diez años, se estancó en el nivel más bajo de toda la región: aproximadamente 1,9 toneladas por hectárea.

Por tanto, dice el investigador Enrique Castañón, lograr mayor producción con el uso de transgénicos es, en el mejor de los casos “una pregunta abierta”.

Es el problema, no la solución

A las críticas contra este modelo se ha sumado el prominente economista malasio, Jomo Kwame Sundaram, que preside los Estudios Internacionales del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de Malasia (y que trabajó en distintos cargos de la FAO y de la ONU).

Según Jomo, “el agronegocio es el problema, no la solución” cuando se habla de garantizar la alimentación. Esto porque las más de mil millones de personas que padecen hambre en el mundo, no lo hacen por una falta de alimentos como afirman los promotores del agronegocio, que quieren duplicar la producción de alimentos hasta el año 2050.

“En realidad, el mundo es alimentado principalmente por cientos de millones de agricultores de pequeña escala, conocidos comúnmente como agricultores familiares, quienes producen más de dos tercios de la comida consumida en los países en vías de desarrollo”, explica.

Por tanto, “ni la escasez de comida ni la falta de acceso físico a ésta son la causa principal de la inseguridad alimentaria ni el hambre”, sino el modelo del agronegocio, que acapara tierras y recursos para producir contados monocultivos para la exportación, y desplaza a la agricultura familiar.

Basándose en investigaciones realizadas por varios años en diferentes países en desarrollo, el experto concluye que el problema “es esencialmente uno de poder. Los intereses de los poderosos agronegocios influyen en las políticas de comida y agricultura para favorecer a las grandes empresas (nacionales y transnacionales)”.

Esto ocurre “a costa de la agricultura familiar que produce la mayor parte de la comida del mundo, y también implica exponer a los consumidores a riesgos, por ejemplo, relacionados con los agroquímicos”, agrega.