Para "rescatar" a la vitivinicultura de la crisis económica, Mendoza creó por ley un Fondo Anticíclico plurianual, que dispone 800 millones de pesos por año. Esta herramienta monetaria permitirá reducir los excedentes vínicos y afrontar las caídas del consumo y del precio de la uva para mosto, según explicaron fuentes del Ministerio de Economía provincial.

La norma, que fue sido establecida para cuatro años, supone un importante endeudamiento en escala decreciente: $500 millones para el 2019, $400 millones para los dos siguientes y $300 millones para el último. Vale aclarar que los montos restantes para cada ciclo los cubre el estado provincial. En total se destinarán $3200 millones de pesos.

"La vitivinicultura presenta en el ciclo agrícola 2018-2019 una situación compleja. A los problemas vinculados a la macroeconomía se suma la caída continua desde hace 30 años del consumo per capita del país y dificultades para la colocación de vinos en el mercado externo, lo que ha generado una nueva acumulación de excedentes vínicos", destaca la ley entre sus principales argumentos.

De esta manera, tras varias negociaciones entre oficialismo y oposición, el proyecto del ejecutivo provincial obtuvo la semana pasada media sanción de Diputados y finalmente ayer logró la aprobación final en el Senado, con sólo 4 votos negativos. Resta que el ejecutivo reglamente la norma.

Hasta ahora lo que se propuso para 2019 es que de los $800 millones, $300 se destinen al operativo de compra de uva para mosto, $180 a un bono fiscal para la exportación de vino a granel y $130 millones a la asistencia del productor primario. En este último punto, la ley hace hincapié en "fortalecer programas de apoyo al trabajador rural, tanto para los que realizan una actividad permanente, como para los eventuales". En tanto, el resto de las partidas aún no tienen definido un destino específico.

Los objetivos de la norma

"Con esta ley se dará previsibilidad y estabilidad al sector en toda su cadena", indicó Diego Costarelli, titular del bloque radical, impulsor de la iniciativa. En tanto, desde la oposición, que criticó la duración de la medida, finalmente dio su aprobación con algunos cambios, sobre todo reduciendo el monto total de la asistencia, que en un principio era de 4000 millones de pesos en cuatro años.

Sin embargo, entre quienes rechazaron la ley se encuentran legisladores del sur provincial que reclamaron por otros sectores productivos más allá del vino, como la actividad ovina y caprina. "Un plan plurianual tiene que hacerse al principio. Tendría que ser una de las promesas de campaña. Esto es irresponsable con los otros sectores", señaló Silvia Camiolo, senadora de Malargüe.

Ahora, con la ley en mano, será el Ministerio de Economía provincial el encargado de desplegar cada año la herramienta, adaptándose al contexto nacional e internacional. Desde el gobierno de Mendoza explicaron que en cada ejercicio se hará un diagnóstico para poner en marcha el uso de los fondos, dependiendo de los pronósticos de cosecha, el contexto macroeconómico, la producción vitivinícola internacional y el precio del dólar.