Un nuevo informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, nos adentra en una situación complicada para los productores agropecuarios. Desde finales del mes de abril, la economía argentina ha registrado una serie de shocks externos e internos que desembocaron en una fuerte depreciación del Peso, aceleración de la inflación y contracción del nivel de actividad. En ese contexto, y con el objetivo de adelantar la consolidación de los desequilibrios de las cuentas públicas, el gobierno nacional modificó el esquema de alícuotas a las exportaciones a través del decreto 793/18 del 3 de septiembre de 2018.

Dicho decreto impone un derecho de exportación (DEX) de 12%1 sobre la totalidad de los bienes y servicios vendidos al exterior hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, el decreto establece que el DEX no podrá exceder los $4 por cada Dólar Estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, para un conjunto de bienes, entre los que se encuentran la soja y sus derivados, maíz, trigo y girasol.

En cuanto a la soja y sus subproductos registran una alícuota efectiva de 28% compuesta por el derecho de exportación del 18% y el 10% restante que surge del nuevo esquema que pauta el pago de $ 4 por dólar exportado.

Con respecto a la campaña 2018/19, el informe demuestra que a partir de la aplicación del decreto 793/18 se produce una disminución del 0,3% del área sembrada y una reasignación entre los distintos cultivos. En comparación con lo que hubiese sucedido en el caso de no tomarse la medida, el área asignada a la soja aumentaría hasta alcanzar los 17,9 millones de hectáreas, mientras que el resto de los granos disminuiría, siendo el principal perjudicado el maíz (-3,9%).

Puede apreciarse, entonces, que esta campaña el impacto de la medida sobre el área sembrada resulta poco significativo; dado que al momento de comunicarse la medida ya era tarde para dar marcha atrás en la elección de algunos cultivos. Por este motivo, la principal reasignación de tierras se observa entre soja y maíz tardío. No obstante, el efecto del decreto tendría un notable impacto sobre el Valor Bruto de Producción de las cadenas analizadas, que disminuye en 5.000 millones de dólares (-6%) respecto del escenario alternativo.

Si se mide como porcentaje del PBI que el FMI proyectó en octubre para toda la economía en 2019, la perdida sería de un 0,2% del PBI. Debe notarse que este análisis solo contempla los efectos directos, por lo que el impacto macroeconómico final sería bastante mayor si se incluyen las interacciones con el resto de los sectores de la economía.

Por el lado de las exportaciones netas, las pérdidas alcanzarían también un 3%, al pasar de 26.142 en el escenario contrafáctico a 25.258 millones de dólares en el base. A partir de la eliminación del diferencial arancelario, se produciría una notable caída de las cantidades exportadas de subproductos de soja, mientras que se incrementarían las de grano que superarían los 15 millones de toneladas en el escenario Post-Decreto.

Por su parte, la recaudación fiscal se vería incrementada en un 24% y alcanzaría los 10.167 millones de dólares. Esta cifra se encuentra explicada por el aumento vía derechos de exportación. No obstante, mientras lo recaudado por este impuesto aumentaría en 2.591 millones de dólares, la recaudación total lo hace en una cuantía menor dada una disminución en lo recaudado por otros impuestos.

Para la campaña 2019/20 los efectos del nuevo esquema de derechos de exportación cobran mayor relevancia, ya que, a diferencia de la campaña 2018/19, impacta de lleno en la decisión de siembra de todos los cultivos. De esta manera, el área sembrada alcanzaría los 32,23 millones de hectáreas, mientras que bajo el esquema impositivo anterior podría ubicarse en torno a los 33,31 millones. El área se reduciría un 3,2%, ya que todos los cultivos se verían afectados, aunque se destaca el maíz que perdería un 5,3%.