En ese sentido, aunque constituyen una forma jurídica ideal cuando se procura generar un impacto social o ambiental en beneficio e interés colectivo, quedarán fuera del alcance de esta ley si se aprueba tal como está su artículo 2º, que define al emprendimiento como "una actividad productiva con fines de lucro".
El diputado Luis Cigogna (Fpv - La Pampa) presentó una disidencia -con apoyo de legisladores del Bloque Justicialista y el Frente Renovador, entre otros- a través de la cual propone incluir a este tipo de empresas, "entendidas como una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada".
De cualquier manera, limitó esta observación a las cooperativas de trabajo, lo cual sigue dejando fuera a las iniciativas de cooperación vinculadas al consumo o la producción agropecuaria, por ejemplo.
En los fundamentos de su presentación, Cicogna advirtió que el texto ingresado por el Poder Ejecutivo nacional "no incluye a los trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas y/o cooperativas", quienes enfrentan "un desafío de gestión y administración asimilable al que enfrenta quien comienza con una actividad productiva innovadora, porque se trata de un modelo de gestión innovador y desafiante".
Asimismo, consideró que "en estos procesos de producción prevalecen los fines sociales por encima de los fines económicos pero sin descuidar estos últimos y con el objetivo último de contribuir a un desarrollo económico socialmente inclusivo y equitativo con impacto local y regional".
